Con el objetivo de armonizar la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana local con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución capitalina, entre éstas la porción normativa "exclusiva" del artículo 41, que establecía que la seguridad era responsabilidad exclusiva del gobierno de la metrópoli, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar la normatividad vigente.
Al fundamentar el dictamen correspondiente que se presentó ante el órgano deliberativo de Donceles y Allende, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, diputado morenista Nazario Norberto Sánchez, señaló que se busca garantizar la seguridad jurídica y la legalidad.
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Refirió que, asimismo, se pretende fortalecer la coordinación y la participación de los distintos actores involucrados en la seguridad ciudadana, “uno de los derechos humanos más importantes y una de las demandas más sentidas de la población”.
Mencionó que el 9 y 10 de septiembre de 2019, la SCJN emitió la sentencia mediante la cual se resolvió la controversia constitucional 83/2017, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017.
“Esta declaración de invalidez, implicó que la seguridad ciudadana dejará de ser una competencia exclusiva del gobierno de la ciudad y pasará a ser una competencia concurrente entre los distintos órdenes de gobierno, en términos de lo dispuesto por la Constitución federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la propia Constitución local”, explicó el legislador.
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Con lo aprobado, en el artículo 7 queda establecido que la seguridad ciudadana es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación y persecución de los delitos.
También son su responsabilidad las sanciones administrativas en materia de cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.
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