México.- Entre protestas de vecinos y el rechazo de partidos de la oposición por violaciones a la Constitución local, el pleno del Congreso capitalino aprobó en lo general la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Con gran cantidad de reservas, incluso la del presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Martín Padilla, de Morena, que se reservó 33 de 202 que contiene el dictamen, la legislación se avaló con 37 votos a favor de esa fuerza política y del Partido del Trabajo, dos en contra y 12 abstenciones.

La cantidad de reservas de artículos provocó que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Ruiz, pidiera al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Martín del Campo, un receso de 10 minutos a petición del panista Federico Döring, para tener copias de cómo se propone quedarían.

Döring Casar también pidió se estableciera con precisión en el debate, que se augura durará varias horas, cómo están y la forma en que quedaría cada uno de los artículos reservados por los distintos grupos legislativos.

Por la mañana vecinos de diversas alcaldías se manifestaron afuera del recinto legislativo de Donceles y Allende para exigir el cumplimiento a la Carta Magna local y otorgar 10 días posteriores a la aprobación del dictamen en Comisiones para hacerle observaciones y advirtieron que se ampararán para echarla abajo.

Los partidos de oposición en el pleno también expresaron desacuerdo por lo que llamaron "desaseo legislativo" para procesar el dictamen, pero además porque a partir de una insaculación se determinará la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria que sustituyen a los Comités Ciudadanos.

Desde tribuna, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño, calificó al proceso de dictaminación de la ley como una pifia legislativa y acusó a la bancada de Morena de violar nuevamente las reglas y las leyes del Congreso local.

Planteó que, al igual que la Ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno local entregó al presidente de la Comisión, Martín Padilla, un dictamen ya elaborado para que el Congreso capitalino lo aprobara a su orden.

Eso, dijo, coloca a la jefa de gobierno como la gran electora, que manda las leyes al Congreso para que éste las apruebe tal y como esta lo ordena, lo que anula la participación ciudadana y advirtió que esto generará grandes problemas porque se trata de un gran “pegote”.

Sostuvo que el dictamen tiene vicios de ilegalidad, pues no hubo debate ni deliberación en el seno de la Comisión correspondiente y que otra vez la bancada mayoritaria de Morena se valió de galimatías para procesar una ley orillada por la ola de amparos que presentaron vecinos.

Jorge Gaviño pidió dar borrón y cuenta nueva al grupo de Morena, por primera vez respetar la ley a partir de ahora y reponer el proceso legislativo sin vicios.

Por su parte, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Lerdo de Tejada, reconoció que existen aspectos rescatables en la nueva ley, pero no así que a partir de ésta el gobierno pretenda crear una plataforma para recabar votaciones de los procesos de participación directa y la propia insaculación para integrar las comisiones.

En tanto los diputados Carlos Castillo y Carlos Mirón, de Morena, afirmaron que con la ley se elimina el clientelismo y se “descorporativizan” los órganos de participación ciudadana. Además, se da la posibilidad de audiencia pública a la ciudadanía que necesita instrumentos de empoderamiento.

También coincidieron en que el proceso de insaculación de los integrantes de las comisiones de Participación Comunitaria permitirá que el presupuesto participativo ya no sea sometido a chantajes de partidos políticos.