En el Congreso de la Ciudad de México se promueve expedir un nuevo marco normativo, dirigido a guiar la política de bienestar e igualdad social de manera integral entre los distintos órdenes de gobierno.
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Se trata dictamen para expedir la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, suscrita por el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, en sustitución de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal que ya fue aprobado por los diputados locales de las Comisiones de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Planeación del Desarrollo del recinto de Donceles y Allende.
Dentro de ese contexto, el presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, Alberto Martínez Urincho, detalló que el proyecto de ley ayuda a “construir un auténtico Estado de Bienestar para la Ciudad de México”.
Refirió que la iniciativa “incorpora los aprendizajes de construcción de una política social con enfoque de derechos iniciada desde el año 1997 con su impulso con gran fuerza desde el año 2000, ampliada en 2006 y retomada en 2018 para que los derechos sociales sean el motor que permita lograr condiciones justas, favorables y dignas para el desarrollo de las personas”.
La ley busca, de acuerdo con el dictamen, garantizar y proteger el derecho al bienestar, entendido como “el pleno goce universal, indivisible, interdependiente y progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de sus habitantes, con la finalidad de que puedan gozar de una vida digna, desarrollar todas sus capacidades, vivir libres de pobreza y alcanzar su florecimiento, pleno desarrollo y autonomía”.
La Ley también busca igualdad de derechos y responsabilidad del Estado
Resulta que se abona a cumplir, en el marco de las atribuciones de la administración pública, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que sus habitantes puedan gozar de sus derechos universales en materia de bienestar social y derecho a la ciudad.
También, se contribuye a disminuir significativamente la desigualdad social, derivada de la inequitativa distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, e impulsar políticas orientadas al logro de la igualdad de derechos, oportunidades, medios y resultados.
En la exposición de motivos del jefe de gobierno se precisa que el objetivo de la iniciativa es expedir un nuevo marco normativo que guíe y sustente la política de bienestar e igualdad social para la capital, de manera integral y concurrente entre los distintos órdenes de gobierno.
Quedó considerada en el dictamen avalado una opinión en sentido positivo emitida por la Comisión de Administración Pública Local, la cual considera que este instrumento busca la garantía y el disfrute del derecho al bienestar como una realidad latente en la capital.
Asimismo, sostiene que la propuesta plantea una correcta implementación y ejecución de políticas públicas que garanticen que los derechos de los habitantes de la capital sean protegidos, creando un Estado de Bienestar que genere una mejor calidad de vida y un correcto desarrollo.
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