Ciudad de México.- En conferencia de prensa la diputada María Rosete, dio a conocer que en días pasados el Consejo General del Instituto Electoral Ciudad de México aprobó el dictamen correspondiente a la validación de firmas que presentó el Consejo Promotor para acompañar la Iniciativa de “Ley Ciudadana que regule a los trabajadores no asalariados, a los prestadores por cuenta propia, a los comerciantes de la vía y espacio públicos, incluyendo a los locatarios de los mercados públicos”.

Con este dictamen se le dio a la iniciativa el carácter ciudadano para que sea analizada en el Congreso de la Ciudad de México y dar cumplimiento al mandato constitucional para la expedición de la Ley Secundaria en materia de comercio en el espacio público. Cabe destacar que este ejercicio es un gran esfuerzo ciudadano -para incidir en las decisiones de gobierno y legislativas- que promueve la cultura de la inclusión y participación de la ciudadanía. Estamos ante una iniciativa histórica que sentará las bases para incentivar una ciudadanía más participativa.

En la conferencia la diputada Rosete mencionó: “El Instituto Electoral de la Ciudad de México llevó a cabo la revisión con los estándares más altos de certeza, legalidad y transparencia, además de atender los estrictos protocolos de seguridad. Por su parte el esfuerzo que realizó el Consejo Promotor, da muestra del interés de la sociedad por participar de manera activa en este tipo de ejercicio de democracia para darle una nueva vida al fenómeno laboral en nuestra ciudad”.

La ruta crítica de esta iniciativa, data del 31 de enero de 2017, fecha en la que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México, en la que fue incorporado el llamado “comercio informal” en el marco jurídico y se mandato al Congreso local aprobar la ley secundaria en esta materia para darle operatividad al marco constitucional.

Gracias a la Ley de Participación Ciudadana local, se contempló el acceso de la sociedad a la Democracia Directa mediante la Iniciativa Ciudadana, la cual fue ejercida exitosamente en el mes de septiembre para presentar proyectos de ley que quieren contribuir a solucionar la problemática que existe en el comercio en el espacio público.

La legisladora federal enfatizó al respecto: “Este es el principio de una ardua tarea que se habrá de emprender para transitar hacia la formalización del comercio en el espacio público, y dejar de criminalizar esta actividad en la que se encuentran inmersos más de 31 millones de personas que salen día con día a ganarse el sustento para sus familias de manera honesta.

Desafortunadamente, este tema no se ha tratado de forma integral y con perspectiva social por los gobiernos o congresos de nuestro país. Por lo regular, las políticas y programas se han limitado a la inclusión al sistema tributario y pago de tarifas, así como a programas de desalojo o reubicación, sin ir más allá del problema, que es el lado social”. Es preciso entender que el problema, va por el lado de crear un círculo virtuoso dentro de la Ley entre todos los actores que intervienen en el sistema productivo nacional y local, ya sea formal o “ambulante”, pero ya se debe terminar con la necedad del divisionismo y marginación.”

El comercio en el espacio público no es un delito, sino una forma honesta de ganarse la vida, ante la incapacidad de los gobiernos y de la iniciativa privada para generar los empleos formales que la población en edad de trabajar requiere. “Sin trabajo no hay bienestar, estabilidad, dignificación, unión ni desarrollo, por el contrario, tiende a aumentar la pobreza, la delincuencia y el deterioro social, que tanto daño han hecho a la sociedad”.

Después de dar el primer paso en la Ciudad de México, el sector de trabajadores en el espacio público hemos emprendido la tarea de realizar conversatorios en diversas entidades del país, para presentar una iniciativa sólida, elaborada por los mismos actores que recoja todas las opiniones, las necesidades y problemáticas de quienes padecer vejaciones, corrupción y prácticas que laceran sus más elementales derechos humanos.

Por tanto, estamos trabajando en el sentido de presentar un Proyecto de decreto que genere las condiciones jurídicas mediante reformas a los artículos 5º y 123 de la Constitución Política, para transitar hacia la inclusión de los trabajadores informales en procesos formales y hacerlos partícipes del desarrollo del país. Así como en el artículo 123 de la Constitución existen los apartados A y B para los trabajadores, es necesario introducir un apartado “C”, con todos los derechos y obligaciones que deberán regir para este sector que está conformado, como ya se mencionó, por más de 31 millones de trabajadores.

Esta actividad debe ser reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la legislación secundaria correspondiente y las legislaciones locales, ya que de esta forma se garantiza el derecho al trabajo de los millones de personas que venden productos y servicios lícitos en la calle. “Los trabajadores en el espacio público terminan pagando más por permisos, corrupción o cuotas en comparación de lo que paga vía impuestos, un trabajador formal, eso sin mencionar que tampoco cuentan con seguridad social, acceso a créditos de casa ni otras prestaciones de ley” concluyó la diputada Rosete.