Para regular la violencia institucional, los diputados de las ocho fracciones y asociaciones parlamentarias del Congreso capitalino avalaron cambios a diversas disposiciones de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del órgano deliberativo, el morenista Alberto Martínez Urincho, fundamentó que las personas mayores tienen derecho a vivir en un entorno libre de maltrato y esta reforma busca erradicar la violencia institucional de la que son víctimas.
En su momento, la diputada de Morena Valentina Valia Batres Guadarrama, reconoció que ese sector poblacional es víctima del maltrato institucional, que consiste en formas de abuso en la prestación de servicios en oficinas, hospitales y establecimientos de larga estancia; se manifiesta a través de acciones u omisiones en su perjuicio individual o colectivo por parte de personas que tienen una obligación legal o contractual.
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“Esto ocasiona que las personas mayores no deseen acudir a los servicios institucionalizados, debido a las experiencias negativas con el personal y los espacios no adecuados para su atención”, declaró la legisladora.
Martínez Urincho refirió que con lo aprobado por los congresistas, se pretende garantizar que los servidores públicos les otorguen un trato digno y libre de este tipo de violencia.
La propuesta incluye acciones de capacitación permanente en materia de derechos humanos para que los funcionarios brinden un mejor servicio.
Batres Guadarrama hizo notar que la capital destaca por su alto índice de personas mayores, debido al aumento en la esperanza de vida, teniendo 90 personas mayores por cada 100 niñas y niños menores de 15 años.
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