La iniciativa de Reforma al Poder Judicial enviada el 5 de febrero a la Cámara de Diputados, no eliminará la impunidad, corrupción ni ineficiencia en la impartición de justicia, consideró la organización de la sociedad civil, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Recordó que en México, del 100% de los delitos que se cometen, sólo 10% es denunciado a las Fiscalías y, de esos delitos denunciados, únicamente el 1% llegan al Poder Judicial, al ser presentados ante un juez, 1 de modo que la Reforma no resolverá de ninguna manera la impunidad en el 99% de los delitos que se cometen en México.
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Pero tampoco garantizará justicia a los pocos casos que sí lleguen al Poder Judicial. De hecho, hace el proceso menos eficiente: las elecciones de nuevos jueces podrían pausar, retrasar e incluso ¡reiniciar juicios desde cero! Esto pasaría en los casos de delitos federales como trata de personas, desaparición forzada, secuestro y corrupción.
Refirió que lejos de mejorar el Poder Judicial, complejiza y compromete su actuar, afectando los derechos de las víctimas de delitos, imponiendo nuevas barreras al acceso a la justicia, comprometiendo la independencia judicial, creando nuevos y costosos mecanismos de selección de perfiles, entorpeciendo la eficiencia en su actuar y, dejando intactas las causas estructurales de la impunidad en México.
MUCD recalcó que no existe relación directa entre la disminución de la corrupción y la elección popular, de haberla, no existirían los conocidos y escandalosos actos de corrupción de nuestros representantes electos. Además la organización de estas nuevas elecciones supone un altísimo gasto y labor titánicos para el Estado, particularmente para los órganos electorales.
Expuso que los procesos podrían quedar atorados, desatendidos o sencillamente inválidos sin importar la etapa en que se encuentren, antes, durante y después de cada elección de jueces.
En el peor de los casos las víctimas corren el riesgo de tener que recomenzar sus juicios enteros porque el Sistema Penal Acusatorio establece que el mismo juez debe llevar y resolver un juicio de principio a fin.
Por otro lado, la Reforma va limitar todavía más la capacidad de la ciudadanía para defenderse con amparos ante leyes que violen sus derechos humanos y los de sus comunidades, porque propone prohibir constitucionalmente las suspensiones y sentencias con efectos generales.
Así que si una persona logra ganar un amparo contra leyes violatorias a derechos humanos no podrá beneficiar a la colectividad. Todavía peor: la prohibición de la suspensión con efectos generales se amplía también a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Otro obstáculo para la ciudadanía surgirá de que la reforma no garantiza que las personas juezas, magistradas y ministras elegidas por voto popular realmente estén capacitadas para impartir justicia, pues elimina el requisito de contar con experiencia y preparación especializada a través de la carrera judicial.
Lamentablemente, las elecciones abren el riesgo de que importe más el carisma o la popularidad política de quienes quieran ocupar un puesto dentro del Poder Judicial, que su experiencia, conocimientos y capacidad técnica.
Mientras que la ciudadanía que logre llevar sus casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también se verá afectada.
Esto porque la reforma reducirá el número de integrantes de la Corte (de 11 a 9) y habrá menos ministros que elaboren proyectos. Además, eliminará las dos salas que existen actualmente, por lo que concentrará todos los asuntos en el Pleno, independientemente de su trascendencia.
Para la Corte, la reforma significará rezago, acumulación y menos casos resueltos. Otra alarmante afectación a las personas que buscan justicia surgirá a causa de la discrecionalidad que le darán al nuevo Tribunal Disciplinario del Poder Judicial cuyos criterios para sancionar y fiscalizar no son claros y se prestan a interpretaciones inciertas.
Tal como está redactada la propuesta, el Tribunal podría castigar con sanciones -incluida la remoción- a las personas juezas, magistradas y ministras cuyos fallos no sean bien vistos por ese nuevo órgano; o bien, echar atrás fallos y resoluciones alcanzadas por las personas víctimas que han luchado por sus derechos.
La segunda gran promesa de la reforma es eliminar la corrupción y el alto gasto público que implica mantener al Poder Judicial. Para lograrlo propone la votación directa como un nuevo método de selección de personas juezas, magistradas y ministras.
La propuesta tampoco establece un límite o prohibición para que una misma persona se postule o sea postulada para varios cargos con tal de que lo ocupe. Además, la propuesta golpea el escaso avance que ha habido en materia de paridad de género en el Poder Judicial, pues no garantiza la elección paritaria de mujeres y representación de poblaciones vulnerables.
La organización civil llamó al Congreso de la Unión a revisar la reforma y corregir donde sea necesario.
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