Las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa enviadas al Congreso del Estado de México por parte del Senado de la República, como parte del constituyente permanente, fueron aprobadas por la mayoría de diputados locales.
Durante la sesión legislativa, en la que se discutieron las modificaciones aprbadas por la Cámara Alta, los congresistas dieron luz vrde para que la entidad pueda ampliar el catáloco de delitos de prisión preventiva oficiosa.
De esta manera, la minuta establece la inclusión de la extorsión, el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como la emisión y uso de comprobantes fiscales falsos, en la aplicación de la figura denominada prisión preventiva oficiosa.
Actualmente, esta figura aplica para delitos como el abuso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, huachicoleo, y los relacionados con la posesión y uso ilegal de armas de fuego.
En el debate, el legislador Samuel Hernández Cruz resaltó que con la reforma se busca detener a presuntos culpables de los delitos añadidos, para que su procesamiento no se someta al análisis o ponderación de una persona juzgadora, la cual puede corromperse o ser amenazada por la delincuencia, para dictar libertad o fianza a la persona presuntamente culpable.
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En contraparte, el diputado Mariano Camacho San Martín se pronunció por fortalecer el trabajo de investigación del delito; recuperar las comunidades; apostar a la inteligencia social, espacios de mediación y estrategias preventivas, así como por atender las causas.
Al respecto, el legislador Román Francisco Cortés Lugo advirtió que este instrumento pude convertirse en uno de control político, y abogó por medidas como el uso de brazaletes contra presuntos culpables.
El parlamentario Juan Manuel Zepeda Hernández afirmó que la estrategia del gobierno federal, en esta materia, no ha dado buenos resultados, pues el 44 por ciento de presos en el país no tienen sentencia y el 32 por ciento está sujeto a prisión preventiva, de los cuales en muchos casos son mujeres pobres e indígenas.
Finalmente, el legislador Omar Ortega Álvarez acusó que esta reforma atenta contra los derechos humanos y la libertad de las personas, así como contra la presunción de inocencia.
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