El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como un sexenio perdido en materia de seguridad y justicia, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
Durante la presentación del documento denominado “Balance y desaciertos de la política en seguridad, cómo corregir el rumbo”, el organismo que preside Francisco Rivas manifestó que, en el mejor de los casos, la administración de AMLO será recordada como el sexenio perdido.
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El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad estableció que la falta de autocrítica y escucha del pasado gobierno federal dejó al país sumido en la peor crisis de violencia
Sentenció que el saldo de la estrategia de seguridad presuntamente basada “en abrazos y no balazos” es a todas luces negativo, pues en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cada 15 minutos con 48 segundos una persona perdió la vida como consecuencia de la violencia criminal.
Manifestó que la militarización irreversible y una gran deuda con las víctimas de delitos etiqueta como sexenio perdido a la gestión del ahora ex Presidente de la República. Lamentó que, entre otros muchos factores negativos, la Fiscalía General de la República se haya utilizado más con fines políticos que para fortalecer la procuración de justicia federal.
En el análisis se hace un balance no solo de instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), sino sobre las políticas implementadas en la materia.
En los seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron 194 mil 510 víctimas de homicidio doloso y feminicidio; es decir, 91.2 al día. Tales cifras se traducen en que hubo una victima mortal de la violencia cada 15 minutos con 48 segundos. “Si hubiera sido un sexenio completo se hubiera llegado a 201 mil 217 homicidios”, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco Rivas afirmó que no hay evidencia de que en la pasada administración federal haya mejorado la eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas e incluso la incidencia delictiva.
“Esto no se logró debido a que no se corrigieron las debilidades y errores evidentes de la Estrategia Nacional de Seguridad desde un inicio”, subrayó, tras puntualizar que durante el gobierno de López Obrador, México no sólo continuó gastando poco en seguridad, sino que hubo ineficiencia con austeridad, lo cual fue en detrimento de las instituciones y las políticas públicas en la materia.
HERENCIA FALLIDA
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad alertó que la gestión que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibe una administración pública federal con endebles capacidades institucionales para enfrentar un fenómeno criminal al alza en un contexto de abierta militarización.
Sin embargo, reconoció que cuenta con todas las herramientas para impulsar una estrategia de seguridad que permita pacificar al país.
“La Estrategia Nacional de Seguridad presentada por la administración de Sheinbaum no sólo requiere ser afinada, sino que debe optar por un enfoque novedoso que no replique las políticas y líneas de acción implementadas por los pasados gobiernos federales”, puntualizó.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, insistió en que para corregir el rumbo es necesario aprender de los errores. Por esta razón, dijo, el organismo a su cargo consideró apremiante que la Estrategia Nacional de Seguridad presente a la brevedad un giro de timón.
Sobre la deuda del pasado gobierno federal en cuanto a la atención a víctimas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano lamentó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se haya debilitado como resultado de la falta de personal suficiente, de la poca o nula capacitación, del presupuesto insuficiente y de la deficiencia de los mecanismos de reparación.
REMEDIAR LA DEUDA
Para remediar la deuda transexenal que se tiene con las víctimas de la violencia se requiere, según Francisco Rivas, de una reingeniería institucional estructural de la CEAV para mejorar su desempeño y atender con eficiencia las necesidades de las víctimas. “Que la Estrategia Nacional de Seguridad se vincule con la agenda de las víctimas y que la CEAV sea una prioridad de la actual administración federal”.
También señaló la necesidad de una reforma a la Ley General de Víctimas y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Víctimas en cuyo proceso se debería contar con la participación de los colectivos, en especial, de los familiares de personas desaparecidas.
Además, refirió que se sugiere implementar mesas de supervisión de casos o un órgano supervisor de cumplimiento de reparación integral ajeno a la CEAV que verifique y evalúe la atención junto con los demás operadores del sistema de atención a víctimas.
Indicó que, a pesar de la ambigüedad de la redacción, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública el gobierno del expresidente López prometió una reducción del 50% de todos los delitos. Tal resultado no se cumplió.
HALLAZGOS
En el análisis del documento “Balance y desaciertos de la política en seguridad, cómo corregir el rumbo”, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad encontró:
1.- Pese a la disminución en carpetas de investigación de homicidio doloso durante el sexenio de AMLO el número total de carpetas y de víctimas superó a las registradas en la administración encabezada por su antecesor, Enrique Peña Nieto.
2.- Resulta importante resaltar el aumento de “Otros delitos que atentan contra la vida”, esta clasificación que se usaba con mucha menor frecuencia en el sexenio de Peña Nieto.
3.- La extorsión está en su punto máximo desde que se tiene registro, mantuvo una tendencia creciente y alcanzó su mayor incidencia histórica durante el segundo trimestre de 2022.
4.- Los delitos que afectan principalmente a las mujeres se mantienen al alza: A) Las violaciones aumentaron sostenidamente, alcanzando su máximo histórico en el segundo trimestre de 2022; B) La violencia familiar incrementó en todo el país, alcanzando su pico durante el segundo trimestre de 2022, y C) La tendencia de la trata de personas es creciente, alcanzó el máximo desde que se tiene registro durante el segundo trimestre de 2023.
5.- Los robos presentan disminuciones sostenidas.
GASTO PÚBLICO
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad sentenció que nuestro país sigue gastando poco en seguridad y en el gobierno anterior hubo ineficiencia con austeridad.
Se mantuvo la inercia del gasto ejercido según rubros entre 2019 y 2023. De cada 100 pesos ejercidos por el gobierno, 45 pesos se destinaron en promedio a combatir el crimen. En 2023, se alteró ligeramente la distribución del gasto ejercido para favorecer la prevención del delito.
Sin embargo, dijo, se detectaron subejercicios y sobre-ejercicios que suelen derivar en la inefectividad de las políticas de seguridad o la falta de sostenibilidad financiera.
Por ejemplo, en 2023 la Guardia Nacional presentó un subejercicio del 64% entre lo aprobado y lo ejercido. “Esto denota una gestión deficiente de los recursos que, si se hubieran ejercido adecuadamente, hubieran apoyado a las labores de esta institución o fondear otras actividades”.
PROGRAMAS SOCIALES, EL MITO
El organismo manifestó que en el gobierno pasado quedó demostrado que los programas sociales no alcanzaron para prevenir el delito y la violencia.
Afirmó que es falso que la mejor política de seguridad sea la política social. “Se le atribuye a los programas sociales insignia la reducción de los homicidios dolosos observada en 2023 sin ofrecer evidencia rigurosa”, dijo.
Agregó que las evaluaciones se centran en medir el acceso al empleo, la permanencia escolar y la sostenibilidad económica, pero no se analiza el impacto en la reducción de delitos como el robo, la extorsión o los homicidios.
Sin estos datos, resulta difícil sostener que los programas contribuyen de manera significativa a la disminución de la criminalidad.
La falta de una teoría de cambio de los programas sociales, la dispersión de los esfuerzos en zonas de alto riesgo, la ausencia de métricas de evaluación impide el aprendizaje sobre los efectos de la política social en la prevención delictiva.
SIN AVANCES
Francisco Rivas hizo énfasis en que no hay evidencia de que en la pasada administración federal haya mejorado la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
Desde la campaña, la transición y a lo largo de los años de su gobierno, fue evidente que la administración del presidente López carecía de una ruta y un verdadero interés por reducir los delitos. “Nadie se debe llamar sorprendido del rotundo fracaso del gobierno en esta materia”, manifestó de manera rotunda.
Insistió en que la falta de autocrítica y escucha de la pasada administración federal dejó al país sumido en la peor crisis de violencia, en un contexto de militarización irreversible y con una gran deuda en cuanto a la atención a las víctimas
Por si fuera poco, con una SSPC que perdió relevancia, con una FGR debilitada que es utilizada más con fines políticos que para fortalecer la procuración de justicia federal, con políticas cuestionables frente al lavado de dinero y con programas sociales equívocos que no alcanzaron a prevenir el delito y la violencia.
EL OBSERVATORIO PLANTEA AJUSTAR
1.- Un gasto público con mejor ejercicio
2.- Formular estrategia con perspectiva de género
3.- Adecuar el diseño de programas sociales con fines de prevención del delito
4.- Ampliar la visión al ámbito municipal e internacional
5.- Definir con urgencia temas como: víctimas, derechos humanos, violencia de género, cooperación internacional, lavado de dinero
6.- La SSPC puede ser la llave del cambio en la estrategia o el “elefante en la sala”
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