Las alertas de violencia de género contra las mujeres sí funcionan, ya que gracias a este mecanismo “sabemos que hay desaparición de mujeres y niñas, el tema no se sabe porque el gobierno lo diga, sino porque se ha investigado y se visibilizado gracias a los informes”.

En entrevista con la OEM, María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, defendió la vigencia y efectividad del mecanismo, aunque dijo que le han querido pedir que resuelva un problema que no le toca, porque el estado no está protegiendo a las mujeres, por lo que hay que coordinarse con autoridades de los tres niveles. “Investiga y se enfrenta a un tema político”.

Aseguró que la alerta ha obligado a cambiar tipos penales, ha obligado a crear políticas públicas para prevenir, las organizaciones de la sociedad civil, como el OCNF, “estamos obligando a que haya planes reparatorios individuales de parte de las comisiones de víctimas.

Pese a que el mecanismo ha sido deficiente, ha dado una radiografía, y si ha sido incompleto es porque la autoridad lo ha hecho así, y ha sido una lucha vía judicial.

Estrada Mendoza aclaró que es un mecanismo de rendición de cuentas que revisa si las acciones que está haciendo el estado están protegiendo o no a las mujeres y también dar cuenta que otros problemas están poniendo en riesgo y vulnerando los derechos de las mujeres.

Inclusive, agregó, el mecanismo ha revelado la gravedad de desaparición de niñas y mujeres, Jalisco, Nayarit, Puebla, Guanajuato, Estado de México.

Alertas de violencia de género

A la fecha se han decretado oficialmente 26 declaratorias de alertas de violencia de género en 22 estados del país, “aunque el dato se toma con reserva, ya que hay muchas solicitudes acumuladas. “Ver cuantas hay se queda corto, se han solicitado y acumulando por desaparición”

Por ejemplo en Puebla la declaratoria de Alerta se dio en 2019, (17 prevención, 11 seguridad y 17 justicia y reparación). La peticionaria metió un amparo, lo que hizo la Conavim fue acumular todas las solicitudes, entre ellas una del OCNF, por desaparición de niñas y mujeres se hizo desde el 2017, detalló la activista.

Hay estados en que se han solicitado y se han venido acumulando por desaparición, en el caso del Nuevo León, hay una alerta que se decreta hasta el 2016 y hace más de un año se suscitó otro problema por desaparición de niñas y mujeres en el caso de Debany, eso llevó a que el grupo de trabajo interdisciplinaria que determinará que se hiciera una investigación.

La maestra María de la Luz subrayó que la sociedad civil sigue siendo el actor principal para solicitar el mecanismo de protección.

En el caso de Nuevo León ha tardado mucho que salga un informe sobre el problema de desaparición de niñas y mujeres, principalmente en el municipio de Escobedo, uno de los municipios de mayor desaparición. “Hace tres años el gobierno de Samuel García, no ha presentado el informe”.

Veracruz tiene dos declaratorias, en el 2016 por violencia feminicida y después se decreta otra en el 2017 por agravio comparado por la falta de acceso al aborto de personas víctimas de violación y se solicitó en el 2019 que se ampliaran recomendaciones por el tema de desaparición y donde se estaban documentado casos graves de feminicidio, de parte del crimen organizado.

En CDMX se auto decreta la alerta con Sheinbaum

En Ciudad de México no hay alerta emitida por la Conavim, “la que hay se decretó por parte del gobierno capitalino, que en su marco legal si está facultado para que se pueda “autodecretar” y también se puede realizar en alguna alcaldía.

En la CDMX se autodecretó la alerta, en el 2019, aunque desde el 2017 se solicitó, inició el proceso.

La Conavim hizo el informe, con la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y en el 2019 decretó la alerta por violencia sexual. “Nosotros solicitábamos justicia pro persona, otra ONG por violencia feminicida, debido a las malas indagaciones, no se estaba investigado debidamente el asesinato de mujeres, como el feminicidio, a pesar del tipo penal y la desaparición.

¿Qué falta por hacer?

La activista manifestó que es necesario que se amplíen recomendaciones, se simplifiquen los procedimientos, ya que son muy largos. ”Lo cual forma parte de las omisiones que tiene la alerta, la cual siguen teniendo problemas en los procedimientos, porque varios se han dado vía amparo y el juez determina que se tiene que enviar una investigación.

“La ley establece que ya que se inicia el proceso tiene 40 días para investigar y emitir un informe, sin embargo, algunos de ellos se han entregado después de casi dos años. Y la alerta tendría que aplicarse en un plazo de 40 días.

La Conavim ha tardado mucho en emitir recomendaciones, las acumulan y lo agregan a la ley que ya estaba. Pero es necesario discutir cuántas se acumulan porque en algunos estados no inician ninguna investigación, no amplía recomendaciones, se tarda mucho en emitir el informe que dará la recomendación.

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Estrada Mendoza reconoce que donde sigue habiendo fallas es en el tipo de recomendaciones y en la evaluación, para que se acrediten los delitos; es necesario mejorar en las investigaciones, sancionar, generar más políticas para prevenir las violencias graves en materia de violencia feminicida.

Las alertas no tienen fecha de caducidad, pero si la deben tener, para que se cumplan, para que no pierdan el sentido.

En el 2022, se reforma la Ley en el marco de la Alerta, se aclararon los procedimientos que deben ir en el reglamento, cualquier colectivo ahora puede solicitar la alerta sin que esté jurídicamente acreditado, antes era una condición para los que solicitaban la alerta.

Pueden ser madres de víctima y hay una representante legal, ONGS, comisiones estatales de derechos humanos nacionales e internacionales, las peticionarias pueden participar en todo el proceso, desde que se solicita la investigación hasta el seguimiento, antes no estaba permitido por el reglamento, no era claro.

“Ya pueden participar expertas que no sean académicas, sino expertas en derechos humanos, hay muchas académicas, pero el problema es grave porque se necesitan personas expertas en territorio, en desaparición, que acompañen en temas de trata. Y sus recomendaciones pueden ser más eficientes.

La nueva ley entró en vigor en el 2022, pero es fecha que no se ha actualizado el reglamento, “hay avances claros, pero aún no se ven reflejados ya que se sigue aplicando el reglamento viejo”, señaló.

Si no se cumplen las alertas, no hay sanciones, porque no es un mecanismo judicial. “Es un mecanismo administrativo pero tiene peso, porque son recomendaciones vinculantes a los tratados internacionales. Son recomendaciones que los gobiernos estarían obligados a cumplir. Y la Secretaría de Gobernación es quien tiene que apercibir y notificar a las entidades que no están cumpliendo.

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