Diputados del Estado de México afirmaron que la disposición de agua en metros cúbicos por persona se ha desplomado casi un 20 por ciento en los últimos 30 años.
Durante el análisis de la iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal para establecer que toda persona tiene derecho al agua como líquido vital, inherente al ser humano, los legisladores advirtieron que es urgente frenar esta caída ante el riesgo potencial de conflictos sociales por la escasez.
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El diputado perredista Omar Ortega Álvarez sostuvo que la falta y desabasto del líquido demandan acciones emergente, sobre todo en el Valle de México y en el sur de la entidad.
En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Enrique Jacob Rocha, el también coordinador de la banda del PRD aseveró que de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, hace 30 años había una disponibilidad aproximada de 18 mil metros cúbicos de agua por persona y actualmente se estima que esa cifra se redujo a poco de 3 mil 500 metros cúbicos.
Esta baja representa el 19.4 por ciento de disponibilidad en metros cúbicos de agua por habitantes del Estado de México.
Por ello, el legislador lamentó que intereses particulares se sobrepongan al interés colectivo y que corporativos e industrias acaparen el líquido como una mercancía, pues mientras en 2021 una pipa de agua costaba mil 79 pesos, una concesión para una refresquera ascendía a 2 mil 600 pesos por año.
También se solidarizó con la población de Nuevo León y dijo que el Estado de México es uno de las que tienen menor disponibilidad de agua en el país, además de que sufre estrés hídrico y una alta densidad demográfica.
Reconoció avances legislativos al penalizar a quienes impidan el suministro o realicen huachicoleo de agua y llamó a respaldar la reforma constitucional propuesta por su grupo legislativo que también busca establecer que el derecho al agua debe garantizar que el líquido sea accesible, suficiente, asequible y de calidad para todas y todos sin distinción alguna.
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Además, propone que el Estado de México asegure el cumplimiento de este derecho y garantice la justicia hídrica, entendida como la capacidad del Estado para proteger las aguas no potables y las potables para el uso humano, además de garantizar la restauración de los daños producidos al líquido y a la infraestructura que lo transporta.
En favor de la justicia hídrica, indicó, su propuesta también busca generar las condiciones para combatir los vicios que aquejan a este derecho y cimentar las bases para futuras reformas y la generación de políticas públicas que ayuden a prevenir una futura sequía.
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