Para garantizar en las 16 demarcaciones territoriales la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito público, la presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, Ana Buendía García, promueve cambios a la Ley Orgánica de Alcaldías.
Al respecto, la integrante de la bancada de Morena en el recinto de Donceles y Allende presentó una iniciativa que se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales, y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la de Derechos Humanos, a fin de que se adicione un segundo párrafo al artículo 177 de esa legislación, a fin de establecer que las alcaldías deberán destinar un porcentaje de su plantilla laboral a personas con discapacidad.
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La legisladora morenista fundamentó que esa medida asegurará que el gobierno predique con el ejemplo, además de fomentar una cultura de inclusión desde las instituciones públicas.
Explicó que además se adicionará una fracción 10 al artículo 23 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, para establecer que “la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo elabore un sistema de colocación laboral para personas con discapacidad; este sistema no solo facilitará su contratación, sino que también garantizará su permanencia y desarrollo profesional”.
Buendía García al abundar sobre el tema, destacó que con base a datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 493 mil 589 personas en la Ciudad de México viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5.4 por ciento de la población.
Señaló que detrás de estos números hay vidas, historias y un enorme potencial que, muchas veces, se ve opacado por barreras estructurales, prejuicios y falta de oportunidades.
Detalló que, a nivel nacional, el panorama tampoco es alentador. “Apenas el 6.1 por ciento de las personas con discapacidad cuentan con un empleo formal, una cifra abismalmente baja en comparación con el 60 por ciento de la población general que está económicamente activa”.
La representante popular Ana Buendía delineó que lo anterior, no solo perpetúa la desigualdad, sino que también limita el desarrollo social y económico de la sociedad en su conjunto.
Hizo notar que su propuesta contempla una iniciativa presentada recientemente por el diputado de Morena Víctor Hugo Romo, porque “creemos en la colaboración y el compromiso de todos”.
Además, refrendó que “la inclusión laboral no es un favor ni una concesión, sino un derecho humano”, al tiempo que indicó que la inclusión laboral, aunque garantizada en el papel, se mantiene como una asignatura pendiente en la práctica.
Lamentó que las personas con discapacidad enfrentan una serie de obstáculos que limitan su participación en el mercado laboral como desconfianza y prejuicios; falta de accesibilidad; limitaciones en la formación y precariedad laboral.
Se suscribieron a la iniciativa las diputadas Janet Guerrero, Adriana Espinosa, Silvia Sánchez, Daniela Álvarez, Diana Barragán, Rosario Morales y los legisladores Miguel Macedo y Pablo Trejo.
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