Los diputados de las ocho fracciones y asociaciones parlamentarias del Congreso capitalino, estuvieron de acuerdo en realizar cambios a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que las 16 demarcaciones territoriales tengan la responsabilidad de elaborar los programas en materia de protección civil en la totalidad de los mercados públicos de la urbe, que generan 282 mil fuentes de empleo y aportan el 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) comercial.
Con la representación de las Comisiones Unidas de Normatividad y de Alcaldías y Límites Territoriales del Poder Legislativo local, el diputado perredista Jorge Gaviño Ambriz señaló que lo dispuesto por los representantes populares, va dirigido a que los responsables de las alcaldías estén obligados a preparar e implementar los programas internos de protección civil en mercados públicos de su competencia.
Para tal efecto, se aceptó la adición de un párrafo a la fracción V, del artículo 42, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de Programa Interno de Protección Civil en Mercados Públicos.
Gaviño Ambriz, quien funge como vicecoordinador de la bancada del PRD en el recinto de Donceles y Allende, aclaró que si bien la obligación actualmente se contempla en los Términos de referencia que expide la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad, no se encuentra prevista en Ley.
Con lo aprobado por los diputados los 335 mercados públicos de la metrópoli, con más de 72 mil locales en conjunto, deberán ser objeto de un estudio a fondo para que se elaboren, con base a sus características, los programas de protección civil, en bien de quienes trabajan en esos centros de abasto y de quienes los visitan.
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“Las autoridades que tienen la cultura de la prevención hacen su trabajo y hacen los programas de protección civil y los aplican, pero otras autoridades pueden ser omisas sobre estos temas”, reconoció el congresista de la Revolución Democrática.
Refirió que con la aprobación y publicación de la reforma, los servidores públicos podrán ser sancionados si no la aplican.
Comentó que lo que hicieron los legisladores, fue cambiar la obligación para hacerla coercitiva.
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