La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, aseguró que recibió en malas condiciones la administración de la demarcación territorial, que tiene que ver con problemas en obras, jurídico, agua y programas sociales, con una serie de denuncias por extorsión, como la que se llevó en contra de propietarios de establecimientos mercantiles.
Al asistir a una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, dio cuenta que le dejaron dos millones de pesos para la operación del capítulo 6000, en tanto que se hicieron 114 observaciones al órgano interno de control que tiene que ver con que hay obras pagadas al cien por ciento por parte de la gestión anterior y que no están concluidas, como el parque de la colonia Toriello Guerra.
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“Los contratos ya se pagaron, pero cuando uno va a territorio las obras no están concluidas”, delineó y acotó que en septiembre no se pagaron programas sociales por priorizar el pago de 24 millones de pesos a proveedores de la gestión pasada.
Denuncia red de extorsión gestada en la pasada administración
En su exposición inicial de la reunión para el análisis, discusión y aprobación del paquete económico del ejercicio fiscal 2025, aseguró que no se llevaron a cabo diversos procesos administrativos en el periodo en que Alfa González Magallanes estuvo como titular de Tlalpan.
Confirmó que ya se presentaron diversas denuncias ante la Fiscalía de Servidores Públicos por diversas causas, como la extorsión en que incurrió la administración anterior.
En el salón Heberto Castillo del recinto de Donceles y Allende en donde se celebró la mesa de trabajo conducida por la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Valia Batres Guadarrama, la responsable de Tlalpan dijo que se detectó desde la dirección Jurídico y Gobierno que se armó una red de extorsión en la alcaldía, misma que en su momento fue denunciada por congresistas locales, tal es el caso de la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso Xóchitl Bravo Espinosa.
“Funcionarios del Jurídico y Gobierno le pedían moches y dinero a los locatarios de establecimientos mercantiles para que no los cerraran; tenemos 205 expedientes inventados, más de 50 expedientes de que fueron extrusionados y las víctimas están llegando a denunciar y explicar su situación”, delineó Osorio Hernández.
Programas sociales con irregularidades
Programas sociales como Interpueblos, no se llevaron a cabo de manera adecuada y hubo complicaciones con los cheques dirigidos a los beneficiarios, precisó la alcaldesa al enumerar una serie de irregularidades que son públicas en Tlalpan “a causa de un mal gobierno del pasado”.
Expuso que “a como nos dejaron la alcaldía en término de material y personal, de las 30 fugas de agua que nos reportan en promedio, podemos tapar 12 o 15, porque no es suficiente con el personal, presupuesto y material que se tiene y eso lo queremos cambiar para el próximo año”.
Lamentó que en la pasada administración no haya habido una inversión en materia de agua porque tiene que ver con obras que no se ven, pero necesarias para una vida digna para los tlalpenses.
Por lo que tiene que ver con las necesidades de la demarcación territorial, informó que se requiere una ampliación del presupuesto para el próximo año para atender varios rubros, como el contar con más cámaras de videovigilancia, unidades de patrullaje y contratación de elementos.
Comunicó que solo en operación hay diez patrullas, mientras que 24 están fuera de servicio, no sirven y solo tres se pueden reparar. En este sentido, delineó que el reto es tener 30 unidades para el primer año de su gestión.
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