Francisco de la Torre Galindo, profesor de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró que la Ciudad de México atraviesa por una profunda crisis estructural, en particular por la escasa planeación urbana en décadas pasadas, sin embargo, aún está a tiempo de reorganizar y reconcebir su manera de hábitat.

A pesar de que la historia reciente de la capital pasa por un proceso de democratización, se ha hecho evidente el avance en la privatización en materia territorial, lo que ha conducido a la aparición constante de protestas y movilizaciones por la falta de permisos de construcción o por la violación de la normatividad existente.

Para contrarrestar la inconformidad será necesario identificar los límites espaciales y temporales que posibiliten superar la verticalidad y transformar lo local, así como reconocer que mientras se definen los problemas “habremos de diseñar las soluciones, ya que el avance extractivista continúa y es preciso reconocer que lo que hasta ahora se ha intentado no es suficiente o incluso ha fracasado”.

En el Foro Diálogo entre gobierno, sociedad civil y academia sobre el suelo de conservación de la Ciudad de México, realizado en la citada Unidad, el investigador del Departamento de Teoría y Análisis señaló que los barrios pierden poco a poco su función social y ceden terreno frente a la gentrificación y la especulación de la vivienda.

La inequidad es estructural y diferenciada, y todo indica que no desaparecerá, sino al contrario se reproducirá, desplazará y multiplicará, determinada por barreras, el acceso a bienes para unos cuantos y la vinculación con el poder y una participación limitada, además de que “vivimos una fase de desigualdad muy distinta en la que el individualismo, los derechos de propiedad, la concentración y la exclusión se han renovado para constituir un ambiente propicio para la reproducción de la violencia”.

Por tanto es necesario problematizar, pero de manera colectiva y desde los territorios, por lo que propuso transformar el conocimiento individual en saberes colectivos y más justos que en principio nieguen la verticalidad y la exclusión.

Hay dos tareas urgentes: la primera es promover las adecuaciones en iniciativas de planeación y participación ciudadana para eliminar la simulación y establecer un marco legal propicio para privilegiar el bien común y la construcción de lo colectivo.

La segunda tiene que ver con sumar a la academia a tareas concretas de trabajo barrial, como lo hace el grupo de trabajo mixto Territorio, comunidad y procesos participativos, que junto a varias organizaciones de la ciudad inició en 2018 la construcción de una ruta a un ordenamiento territorial y participativo, no vertical ni tampoco impuesto.

A su vez, Georgina Ramírez Sandoval, académica del Departamento de Investigación y Conocimiento de la Unidad Azcapotzalco, dijo que en la Convención del Cambio Climático (COP21) pueden identificarse tres grandes agendas: la del medio ambiente, la de las ciudades y la enseñanza de la arquitectura y cualquier otra disciplina que tengan que ver con una realidad.

El tema de la cuestión urbana en el texto supone una forma de metrópoli y en un lenguaje escrito habla de los compromisos de los gobiernos hacia la población pobre, pero nunca de la participación de los inversionistas ni de su relación con el hábitat natural.

Ahuatenco, en Cuajimalpa, es otro ejemplo donde por iniciativa de la comunidad se hizo un diagnóstico y propuestas para que pudieran establecer una negociación de regulación de la tenencia de sus tierras, respecto de su clasificación del suelo.

Ramírez Sandoval, quien pertenece a Casa y Ciudad A. C., propuso realizar ejercicios de planeación comunitaria, respetando las propuestas generadas a partir de análisis de territorio que garanticen la inclusión de los protagonistas excluidos, así como implementar directrices de política urbano-ambiental y generar una red de proyectos locales convertidos en un cinturón de cuidado ambiental.

JLP