Luego de que el Congreso mexiquense designara por unanimidad a Victorino Barrios como nuevo contralor de la Universidad Autónoma del Estado de México, los choques entre el rector, Alfredo Barrera Baca, y los diputados amenazan con llegar hasta la Fiscalía General de Justicia de la entidad, bajo un juicio por desacato debido a que el rector está renuente a aceptar el nombramiento con el argumento de que no se sabe exactamente qué lineamientos, funciones o facultades tendrá Victoriano Barrios.
Pero los legisladores de todas las fracciones políticas resaltaron la importancia de designar al contralor debido a que no hay finanzas sanas en la institución de educación superior, e indicaron que si bien la universidad es autónoma, requiere un contralor externo que asegure el destino del dinero.
Ante tal situación, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, Maurilio Hernández González, lanzó una advertencia para el rector, en el sentido de que a más tardar este jueves la designación del nuevo contralor deberá ser aceptada o de lo contrario se presentará un denuncia ante la Fiscalía General de Justicia por desacato.
Al referirse a la facultad que tiene el Poder Legislativo de designar a un contralor externo e independiente en la Universidad, como lo establece la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, aclaró que el Congreso no ha recibido ninguna notificación de amparo contra la designación.
Consideró que más bien se trata de un acto de rebeldía para proteger intereses de grupos internos que controlan a la universidad, situación -dijo- que las diputadas y diputados locales no van a permitir.
Dijo que la negativa del rector es muestra de que algo oculta en la máxima casa de estudios mexiquense. Precisó que evalúan el camino jurídico a seguir, y están en espera de un informe del contralor, respecto de las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento al mandato de la Legislatura.
“Están incurriendo en un desacato, el rector y las autoridades universitarias, y esto implica dos medidas; una de carácter penal, que se puede acudir ante la Fiscalía por el desacato, y otra de carácter administrativo”, aseveró el presidente de la Jucopo.
Lamentó que pese a los llamados realizados para que se acate la ley y se respete la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirma la facultad de la Legislatura para nombrar al Contralor, “el rector sigue en esa posición de tozudez y de cerrazón”.
Maurilio Hernández apuntó que el nombramiento de Victorino Barrios es un asunto legal, no de ocurrencias, por lo que si es necesario presentarán una denuncia penal en la Fiscalía.
