La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, encabezada por Myrna Araceli García Morón, quedó emplazada a dar respuesta a una queja dentro de la propia institución, luego de que el secretario general de la dependencia, Jesús Ponce Rubio, fuera acusado de cometer violación a los derechos humanos de una mujer embarazada que laboraba en dicha comisión, y que según la denuncia fue destituida el funcionario.
De acuerdo con el expediente de queja CODHEM/AE/CD/2022, en el cual se detalla la violencia institucional cometida por Jesús Ponce Rubio, se establece que el secretario general cometió presuntos actos de discriminación por condición de embarazo, hostigamiento y violencia laboral contra la mujer.
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De esta supuesta violencia de género tiene conocimiento el secretario técnico y la misma presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Sobre este caso existe un informe detallado de los primeros de actos de acoso, discriminación y violencia laboral cometidos por Jesús Ponce Rubio.
El actuar del secretario general violentó el código de ética, el código de conducta y las condiciones generales de trabajo con las que se rige la Comisión, al no conducirse como servidor público privilegiando la dignidad y el respeto por sus subordinados, según la queja presentada.
“Jamás una remoción debe realizarse de manera verbal y pública exhibiendo de manera innecesaria a las personas y realizado advertencias a sus subordinados, algunas compañeras que tienen muchos años laborando aseguran que nunca nos habían tratado así y que sienten miedo, porque si eso pasa con una mujer embarazada que les puede esperar a ellas”, se establece en la queja interpuesta en la Unidad de Género de la CODHEM.
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“La ausencia laboral de un día no es motivo para un despido o degradación laboral, me ausenté un día para acudir al médico a revisar mi embarazo y con justificante médico de por medio que fue reportado a mi jefe inmediato, luego me incorporé a laboral a distancia -como sugirió el médico- y reporté mi situación a mi jefe inmediato”, relató la afectada.
“Lamentablemente el secretario general de la institución decidió hacer de mí objeto un juicio sumario, sin poder expresar mis razones ni agotar ningún derecho de audiencia o procedimiento formal administrativo de democión o de entrega- recepción de mis responsabilidades y documentos, esa violencia laboral ha lastimado mi dignidad y mis derechos, porque mi caso jamás fue visto con perspectiva de derechos humanos y menos aún con perspectiva de género, por lo que solicito se restituyan mis derechos laborales y mi dignidad como servidora pública, como mujer y como madre y el trámite ante la Secretaría de la Mujer o en su caso la asesoría para presentar la queja ante la misma CODHEM”, dice la queja.
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