El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, Cristian Campuzano Martínez, fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad por legisladoras electas de ese instituto político por el delito de violencia política de género.
De acuerdo con Claudia Bautista Villavicencio y Norma Lojero Valencia, diputadas que integrarán la próxima Legislatura local, el dirigente partidista las desplazó de los cargos que ocupaban en la estructura del partido, sin previo aviso.
En conferencia de prensa virtual, y luego de que ayer decidieran acudir ante el Ministerio Público estatal para iniciar la Carpeta de Investigación contra Cristian Campuzano Martínez, indicaron que por instrucciones de él fueron retiradas de los puestos de transparencia y coordinación de patrimonio y recursos materiales de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, respectivamente.
Aseguraron que esta decisión, el cual calificaron como discriminatoria, tiene su origen en el hecho de que ellas no pertenecen a la corriente política con la que comulga el presidente estatal del perredismo, por lo que consideraron que incurrió en violencia política de género.
Indicaron que la decisión de recurrir ante las autoridades está respaldada por sus compañeras y correligionarias, también legisladoras electas, Elida Castelán y Viridiana Fuentes, quienes indicanron que sus derechos políticos fueron violentados por el dirigente estatal del partido.
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Advirtieron que para reforzar su queja acudirán ante instancias electorales ya los órganos internos nacionales del Partido de la Revolución Democrática, con el fin de evitar que este tipo de acciones queden en la impunidad y no se atiende el tema de la violencia de género.
Es preciso mencionar que en días pasados, el secretario general del Sol Azteca en la entidad, Javier Rivera Escalona, precisó que a partir de la violencia política en razón de género se constituyen dos responsabilidades.
Ante la instancia jurisdiccional existirá una responsabilidad política y en la segunda de carácter penal y ante ésta Campuzano Martínez podrá tener garantía de audiencia.
Consideró que las diputadas electas se enfrentaron a una agresión verbal por su razón de género, un menosprecio y discriminación contra el ejercicio de sus derechos políticos al ser integrantes del instituto político y no tener ni voz ni voto al obtener un cargo de elección popular.
"Al negarles esa consideración mínima además en la democracia el diálogo es indispensable para la generación de acuerdos y peor en un partido que nos decimos de izquierda o socialdemocracia en donde debe imperar el respeto a las mujeres", dijo.
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