Una grave cadena de presunta impunidad y corrupción prevalece en el Tribunal de Justicia del estado de México, la cual no ha dejado de absolver sin causa a una serie de presumibles delincuentes que es posible, han “adquirido quizá por otros medios el indulto”.
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Los casos son numerosos y nadie ni el propio Magistrado presidente, Ricardo Sodi Cuéllar, quien por cierto está por concluir su periodo al frente del Tribunal, ha podido subsanar el “dramático cáncer que se tiene al interior de los diversos juzgados.
El polémico asunto y de unos y de varios procesos, y entre los más delicados, el dejar en libertad y hasta absueltos a “delincuentes”, hombres y mujeres que traen consigo delitos muy graves.
Lo anterior, como el de la menor de edad de 4 años que fue violada por su tío en el municipio de Atizapán de Zaragoza y que fue “liberado “por el juez, Martínez Vitela.
Sin embargo, este caso no es el principio, sino la consecución de una serie de actos cargados de ilegalidad de quienes según, “hacen efectiva la administración e impartición de justicia”.
Del asunto referido, resultan otros como el de Diana Alejandra “N”, imputada en tres delitos graves; Extorsión Agravada, Robo a Casa -habitación con violencia y abuso de confianza.
Asimismo, fraude por más de 40 millones de pesos, donde este mismo juez-Vitela- la dejó en libertad bajo fianza.
En tanto que otra juez la libera con brazalete, siendo dos delitos graves que necesariamente ameritan prisión preventiva oficiosa.
No obstante, de éste y otros asuntos se comunica que detrás de todo esto, persiste toda una maniobra de mandos superiores como la consejera, Edna Edith Escalante Ramírez, encargada del área penal del Tribunal, un presunto operador llamado, Rafael Estrada Michel quien es asesor personal del presidente Ricardo Sodi Cuéllar.
Hubo detrás una presunta negociación
De acuerdo con versiones de afectados, a través de Estrada Michell se negoció no sólo la libertad de esta peligrosa delincuente Diana Alejandra “N”, quien además de ser una persona peligrosa intentó fincarle a su víctima un delito de género.
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En ello, y efectivamente, el cual no prosperó por qué fue posterior a las denuncias de la victima de identidad reservada y no existieron elementos y a todas luces se dice, era una estrategia para condicionar y negociar su libertad.
En este especial caso, en el que se han llevado a cabo múltiples audiencias donde a la víctima no le reciben pruebas claves para el debido desarrollo del proceso.
Mientras que, a la imputada le reciben todas las pruebas y le dan trato especial los jueces de control en el Centro de Readaptación Social en Barrientos (conocidos como jueces de consigna).
Altos mandos dan las órdenes de absolución
Refieren que este grupo precisamente de jueces de consigna, hacen lo que la consejera Edna Edith Escalante les indica junto con Rafael Estrada Michel, a tal grado que los abogados piden se acelere el proceso por qué ya tienen negociado la absolución de la imputada.
Víctimas de procesos judiciales, revelan que así es el grado de impunidad que se maneja en el Tribunal de Justicia del estado de México, que al ser autónomo por ser el poder judicial, poco puede hacer la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez en este ámbito.
Por otra parte, en una apelación para debatir sobre que se le regresará a prisión como lo ordenó un magistrado a "Diana Alejandra "N", la ponencia del Magistrado Felipe Landeros confirmó en menos de 5 días, una decisión de dejarla libre cuando estas peticiones duran más de 3 meses por lo menos, o regularmente seis meses.
Jueces se deshacen de pruebas
Los quejos argumentan que es claro que los jueces y magistrados que llevan estos asuntos Juez: Marco Antonio Sánchez Morgan por extorsión; Causa de control 2149/22 y Juez: Miguel Ángel Hernández Martínez causa del control 2544 /22 por robo a casa habitación, tiene ya la consigna de desechar todas las pruebas de la víctima para absolver a la acusada.
Reiteran que existen ya denuncias en contra de varios jueces de consigna que maneja la consejera, Edna Escalante, por lo que se buscará una audiencia con el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Edomex, Ricardo Sodi Cuéllar.
De hecho, afirman, que a Sodi lo tienen muy mal informado y mal parado ante la opinión pública, con muchas anomalías, al tiempo que adelantaron que presentarán una queja ante la Comisión de Derechos humanos.
De igual forma, harán lo propia con la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez y a la presidencia de la República para que por todas las instancias necesarias se frenen los abusos y las consignas en el Tribunal del Edomex.
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