Los gobiernos municipales del Estado de México han permitido la proliferación de grupos delictivos que roban agua de las instalaciones hidráulicas locales para después venderla, aprovechando la escasez de este recurso en varias comunidades, afirmó la diputada Jezabel Delgado Flores.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, denunció que las autoridades locales no asumen su responsabilidad ante la apropiación ilegal del líquido ni tampoco ofrecen atención inmediata ante la escasez de agua.
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Durante la sesión legislativa, dijo que municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec permiten que se privilegie la sustracción de instalaciones hidráulicas y además dan preferencia para abastecer autolavados, purificadoras, hoteles, industrias, por encima del derecho al consumo humano.
Acusó que esta sustracción de agua, en muchos de los casos se hace con el apoyo directo de las autoridades municipales, “lo que de facto en esta crisis hídrica implica favorecer usos no domésticos y la restricción de suministro de agua a las comunidades”, denunció.
Expuso que es importante que las diversas autoridades en materia del agua del estado y los municipios mitiguen los efectos de la crisis hídrica, erradicar la privatización del agua, su apropiamiento por grupos delictivos y la comercialización del líquido aprovechándose de la necesidad de las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad y sancionar a aquellos que busquen lucrar con la necesidad de las y los mexiquenses.
La legisladora presentó un exhorto que fue aprobado por unanimidad, con el fin de que los 125 ayuntamientos y 56 organismos operadores de agua informen las acciones implementadas ante la crisis hídrica y que tomen medidas para controlar y sancionar la venta de agua en su modalidad de distribución por pipas y que se privilegie la distribución gratuita para uso doméstico, al considerar que, el vender el vital líquido por medio de pipas a las comunidades es igual a privatizar el agua.
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Manifestó que el acceso de agua potable para uso doméstico en las comunidades urbanas y rurales en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ya es crítico desde el 2023 y a la fecha, y que hoy afecta a 3.8 millones de personas.
Delgado Flores expuso que la crisis hídrica también es resultado de insuficiencia presupuestal, falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, politización en las acciones de atención a los riesgos, concesiones para uso y explotación de pozos y cuerpos superficiales marcadas por la corrupción y los privilegios desde hace años.
“La crisis del agua de 2024, es una crisis humana antes que natural y existen grupos y gobiernos que están lucrando con la restricción al derecho de acceso al agua en diversos municipios y comunidades”, dijo.
Enfatizó que una de las modalidades de suministro de agua potable es la utilización de pipas de agua, pero desde hace tiempo, diversas empresas y grupos han construido una economía en torno al desabasto de agua y la necesidad de los pobladores al amparo de diversas instituciones públicas.
“Lo cierto es que la proliferación de empresas de transporte y distribución de agua potable en pipas, sobre todo en este periodo de crisis hídrica significa, en realidad, la privatización del agua como recurso indispensable para nuestras comunidades”, concluyó.
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