Integrantes del Congreso de la Ciudad de México y especialistas en seguridad pública, hicieron el compromiso de trabajar de manera conjunta en la construcción de una ley que involucre a las compañías de telefonía celular y autoridades, para erradicar la extorsión telefónica proveniente de los reclusorios.
Reconocieron que ese tipo de fraude ha ocasionado una pérdida de hasta 15 mil millones de pesos y que, es necesaria la consolidación de la base de datos de presuntos números de extorsión telefónica.
Los diputados mornistas José Luis Rodríguez Díaz de León y Leticia Varela Martínez, propusieron trabajar en una legislación que permita combatir de manera eficiente ese delito realizado desde las cárceles.
En Su calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Legislativo local, Varela Martínez propuso trabajar en la construcción de una ley que involucre a las compañías de telefonía celular para que, de manera conjunta con las autoridades competentes, se logre erradicar la extorsión telefónica proveniente de los centros de reclusión.
Por su parte, en el ciclo de conferencias virtuales sobre Seguridad Pública y Ciudadana, que organiza esa instancia legislativa, el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), David Pérez Esparza, calificó de prioritaria la consolidación de la base de datos de presuntos números telefónicos desde los cuales se comete fraude.
Al exponer que dicho delito es el más frecuente en 10 entidades de la República y ocupa el segundo rubro en la nación, aludió que “ha ocasionado una pérdida de hasta 15 mil millones de pesos y el 88.9 por ciento de estas extorsiones fueron vía telefonía”.
Dio cuenta que tan sólo en 2019 se cometieron 4.6 millones de extorsiones lo que representa nueve por minuto, a la vez que indicó que las cinco entidades que concentran el 65.1 por ciento del total de extorsiones del país son Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y la Ciudad de México.
Reconoció que, para afrontar este delito, es necesario implementar una estrategia unificada para combatirlo, además de promover campañas de comunicación efectivas sobre el uso del servicio que brinda el 089 de denuncia anónima.
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El funcionario también refirió que hay un alto porcentaje de llamadas falsas o de broma, que se registran en el número de emergencias 911 y, pidió al Congreso impulsar una iniciativa que sancione esos actos, porque eso significa poner en riesgo, incluso, la vida de cualquier persona que sí necesita en ese momento la línea de emergencia.
Informó que en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del SNSP, se trabaja en cinco ejes desarrollados tecnológicamente en favor de la Ciudadanía.Extorsió
Ellos son Informe Policial Homologado (IPH) Móvil, Registro Nacional de Detenciones (RND), consolidación de la base de datos de presuntos números de extorsión telefónica y fraude, Sistema Multifuente y protocolos de llamadas improcedentes al 911.
Por lo que hace al número 911, comunicó que en 2019 se recibieron 75 millones de llamadas, de las cuales 59 millones fueron improcedentes, lo que significa que diariamente se contestaron 160 mil llamadas falsas, por ello la necesidad de impulsar sanciones cívicas similares a las que un ciudadano paga por cometer una infracción de tránsito.
“Les pido mucho su apoyo diputadas y diputados porque queremos implementar un modelo de justicia cívica que sancione a las personas que hagan un mal uso de las llamadas de emergencia, eso para nosotros es fundamental que haya un proceso legislativo integral, inteligente y mesurado por ser un delito no grave, pero que no quede impune”, declaró.
José Luis Rodríguez Díaz de León, solicitó trabajar en conjunto otros puntos, como los referentes a la violencia doméstica. Mientras que la legisladora Varela Martínez también propuso mayor atención a las denuncias derivadas del maltrato animal.
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