Las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas, junto con las que luchan por la protección de las víctimas infantiles de violencia sexual y trata, externaron su más enérgico rechazo ante las recientes decisiones judiciales que favorecen a responsables de delitos graves, como la explotación sexual infantil y la tortura.
Casos emblemáticos, como los de Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam, evidencian un preocupante patrón de complicidad que revictimiza a las víctimas y perpetúa la impunidad.
La reciente liberación de estos individuos, involucrados en redes de macrocriminalidad, no sólo contraviene el interés superior de la niñez, sino que también socava la confianza en el sistema judicial que es complaciente con las argucias jurídicas.
Article 19, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Red por los derechos de la infancia en México REDIM, Fundación para la Justicia, Red Nacional de Periodistas, Red Puebla de Periodistas, Fundación Femmex, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), entre otras organizaciones civiles, recuerdan que los derechos de las víctimas infantiles están siendo sistemáticamente violados, además que la impunidad desalienta la denuncia. Las decisiones judiciales que minimizan la gravedad de estos delitos y que no consideran el poder real de la red de complicidad entre los acusados envían un mensaje alarmante: que los poderosos pueden evadir la justicia.
Exigimos al poder judicial que actúe con responsabilidad y compromiso para garantizar la protección de los derechos de las víctimas.
Es imperativo que el Consejo de la Judicatura revise inmediatamente este sospechoso patrón de liberaciones asegurándose que las y los jueces implicados no sean objetos de presiones o respondan a intereses contrarios al interés superior de la niñez.
La justicia debe ser efectiva, y las denuncias de las víctimas deben ser escuchadas y respetadas.
Violencia sexual infantil
La violencia sexual infantil es una de las formas más severas de violencia, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus comunidades.
Sin embargo, la falta de acción efectiva y la tendencia de las autoridades a individualizar las acciones delictivas han llevado a sentencias que favorecen a los perpetradores, ignorando el contexto más amplio como redes de macrocriminalidad con poder político y económico.
De ahí que instaron a la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales a unirse en la defensa de los derechos de las víctimas y a exigir un mejor trabajo de las fiscalías y vigilancia judicial para evitar que sean cómplices de la impunidad.
La lucha contra la explotación sexual infantil y la protección de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho son responsabilidades compartidas de todas las autoridades del Estado mexicano.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem
