A 30 años de que se empezaron a documentar los asesinatos de mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez, es lamentable que las familias de las víctimas aún no tengan acceso a la justicia. Además, en estas tres décadas, la violencia se ha extendido de manera incontenible a todo el país. Tan solo en 2022 fueron asesinadas 3 mil 765 mujeres, es decir, diez mujeres pierden la vida cada día en México.
Así lo revela el estudio realizado por Amnistía Nacional "México: Muertes Intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua” (AMR 41/026/2003/s), que es su primera investigación sobre feminicidios a nivel global.
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Hoy no hay una sola entidad federativa libre de feminicidios, que ninguna de las instituciones de procuración de justicia investiga adecuadamente las muertes violentas de mujeres, por lo que, como en 2003, son las familias y conocidas quienes organizan las búsquedas y recaban las pruebas; la impunidad en ese delito continúa rondando el 98% y las familias de las víctimas, como entonces, son violentadas por las propias autoridades.
Es gracias a la lucha de las familias, especialmente de las madres de las víctimas de feminicidios, que se tiene una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 32 leyes homologadas en cada una de las entidades federativas; que contamos con el tipo penal del femini- cidio, con protocolos y lineamientos que detallan cómo deben investigarse las muertes violentas de mujeres.
Visto en retrospectiva, han pasado ya 30 años desde que se empezaron a documentar los feminicidios de mujeres en esas dos ciudades y 20 años desde la publicación del presente informe.
Aqui se aborda la incapacidad de las autoridades mexicanas para tratar los asesinatos de mujeres en un patrón determinado, negando con ello a las familias de las víctimas la respuesta debida y un remedio judicial efectivo.
Describieron los casos emblemáticos de Lilia Alejandra García, Silvia Arce, Griselda Mares, Paloma Angélica Escobar, Rosalba Pizarro, Julieta Marleng González, Yesenia Concepción Vega y Minerva Torres, registrados en Ciudad Juárez y en Chihuahua, que fueron referentes que permitieron evidenciar, en los informes posteriores, la falta de la debida diligencia del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar los feminicidios.
Simpatizantes y activistas de Amnistía Internacional alrededor del mundo, horrorizadas por lo que se narraba en el informe, enviaron miles de mensajes y cartas de solidaridad a las familias de Lilia Alejandra, Silvia, Griselda, Paloma, Rosalba, Julieta, Yesenia y Minerva. Desde entonces, en México nuestra sección empezó a labrar el camino que hace unos años nos permitió definir la violencia contra las mujeres, en particular los feminicidios, como uno de los temas prioritarios de Amnistía Internacional en México.
En el Informe de Amnistía Internacional refiere que lo primero que salta a la vista es que habla de “muertes”, “crímenes”, “asesinatos”...y se reconoce que “la brutalidad con la que los victimarios secuestran y asesinan a las mujeres en un número significante de casos va más allá del acto de matar y pone de manifiesto una de las expresiones más terribles de la violencia contra la mujer”.
El concepto de feminicidio ya se vislumbraba pero no terminaba de ser definido por lo que aún no estaba posicionado en el discurso del movimiento feminista, y mucho menos en el de los derechos humanos.
Recordó que hace ya una década que en México inició el proceso de tipificación de los asesinatos de mujeres por razones de género, mejor conocidos como feminicidios y ese es un primer gran cambio.
Otro gran cambio refiere a la creación de un andamiaje jurídico e institucional para la tutela y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México.
En Muertes Intolerables, Amnistía Internacional reconoció que “la presión y denuncia constante ejercida por las familias y las organizaciones no gubernamentales para que se esclarezcan los crímenes ha logrado captar la atención nacional e internacional.
Prueba de ello fue la visita y posterior informe sobre la situación de la mujer en Ciudad Juárez elaborado por la Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
El organismo internacional cita que en México, se tiene hoy a nivel estatal y municipal Mecanismos para el adelanto de las mujeres (institutos o secretarías); Fiscalías Especializadas para la Investigación del Delito de Feminicidio; Centros de Justicia para las Mujeres; y Policías de Género. Todas estas instituciones también son fruto de la exigencia de las mujeres víctimas de violencia y de sus familiares.
Desafortunadamente, y pese a estos logros, hay una situación que para nada es positiva.
A tres décadas de que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua no es un hecho aislado: los feminicidios, la impunidad y la violencia institucional que las autoridades ejercen contra las familias de las víctimas se han expandido por todo el territorio nacional.
Amnistía Internacional ha documentado otros seis casos de feminicidios en México "y nuestro trabajo en estas dos décadas nos ha permitido fortalecer los vínculos con las organizaciones y colectivas feministas en el país".
Dos botones de muestra de lo anterior son los feminicidios de Mariana Lima Buendía y Karla Pontigo, ambas investigaciones estuvieron plagadas de deficiencias. El arduo trabajo realizado por las familias de las víctimas permitió que los casos fueran enviados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta dictó sentencia en 2015 y 2019, respectivamente, para que se subsanaran las deficiencias en cada uno de ellos y se allanara el acceso a la justicia.
En el informe Muertes Intolerables Amnistía Internacional reitera “la necesidad de una profunda reforma estructural de la administración de justicia para que sus procedimientos y capacidades de investigación garanticen a las víctimas el pleno acceso a la justicia”.
Además, México carece de una política pública para la prevención de este crimen de género, los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia son insuficientes y deficientes, como lo muestran los cientos o miles de mujeres que han sido víctimas de feminicidio pese a que tenían una medida de protección.
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