Sin importar su condición social, estatus, edad, origen étnico, preparación académica o situación de vulnerabilidad, en México la violencia contra las mujeres, ya sea emocional, psicológica, corporal y económica, no ha sido erradicada del todo.
Tres historias de mujeres que sufrieron violencia, exclusión y discriminación dan cuenta que el camino hacia la igualdad de género aún es muy largo.
El primer caso es el de Carmen, indígena adulta mayor, monolingüe chinanteca que vive en Oaxaca y no sabe leer ni escribir. Dedicada al campo, vive en una comunidad rural a ocho horas de la capital del estado.
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En 2010, la entonces Secretaría de Desarrollo Social le otorgó un apoyo económico por 175 mil pesos para financiar el proyecto “Producción y comercialización de cerdos” y fue vocal de Control y Vigilancia.
La falta de comunicación y recursos, hizo que abandonara el grupo y en 2012 la dependencia federal la denuncia penalmente junto con sus compañeras por peculado y fue detenida en junio de 2019.
Pasó casi dos meses en el Centro de Reclusión Femenil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, sin ser asistida por un intérprete y abogado. En su declaración, Carmen dijo que le pidieron copia de su credencial y plasmó sus huellas dactilares en un documento escrito en español, sin que le informaran del cargo que tenía dentro del grupo y jamás la volvieron a llamar.
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El juez fijó una fianza de 181 mil pesos, y con ayuda de la defensoría pública atendiendo a su precaria situación económica y su condición de mujer, indígena, adulta mayor, monolingüe, analfabeta y campesina proveniente de una comunidad rural, se redujo la fianza a 5 mil pesos y obtuvo su libertad
Dadas las circunstancias, el caso llegó hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y fue declarada inocente.
DIEZ AÑOS DE CÁRCEL POR 2 ENVOLTORIOS CON DROGA
Recientemente, la Defensoría Pública Federal, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de revisar el actuar de jueces y magistrados en el país, dio a conocer el caso de Karina, de 29 años, originaria de Culiacán, Sinaloa, y madre de dos niñas.
La mujer trabajaba en una estética y sus ingresos no le alcanzaban para cubrir alimentación, vestido, educación, salud y vivienda, por lo que el 1 de diciembre de 2019 fue detenida a bordo de un autobús con dos envoltorios con droga. Tres días después fue vinculada a proceso por un delito contra la salud, por lo que la defensoría pública tomo el caso.
En el proceso judicial y con las pruebas aportadas, fue sentenciada a 10 años de cárcel en el Centro Federal de Readaptación Social 16 en Morelos, donde abogados de la defensoría pública presentaron solicitud de amnistía, argumentando su situación de vulnerabilidad y las condiciones de exclusión y discriminación por género.
Karina paso dos años tres meses en la cárcel hasta que el pasado 23 de febrero una jueza de ejecución aprobó la solicitud de amnistía y ordenó su libertad inmediata, permitiendo que se reencontrara con su familia.
El Instituto de Defensoría Pública señala que actualmente cuenta con 43 defensoras públicas federales bilingües, ha presentado 286 solicitudes de amnistía, de las cuales 18 han sido a favor de indígenas, 12 hombres y 6 mujeres, y ha traducido en audio la Ley de Amnistía en 20 variantes lingüísticas.
El 22 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía, como un paso para la reivindicación de injusticias cometidas en el pasado, permitiendo la extinción de la pretensión punitiva en casos de personas indígenas, cuya participación en la ejecución de un delito federal no haya afectado gravemente bienes jurídicos tutelados.
“¡MUÉRETE, HASTA AQUÍ LLEGASTE!”
El tercer caso es el de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista mixteca atacada con ácido en 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca, por su pareja que era diputado local.
La agresión ocurrió en su domicilio, hasta donde llegó su atacante, quien le lanzó ácido en el rostro, el cual le resbaló por el pecho y brazos, al tiempo que le gritaba: “¡Muérete, maldita desgraciada, hasta aquí llegaste!”.
La mujer fue trasladada al Hospital General de Oaxaca, donde el área de atención a personas quemadas era utilizada para pacientes con diabetes. Ahí comenzó su peregrinar, ya que se violaron sus derechos humanos y fue objeto de violencia de género por parte de autoridades.
A Ríos Ortiz le hicieron múltiples curaciones, aplicación de injertos de piel, tuvo lesiones en ambos parpados, nariz, cuello y tórax que le dejarán cicatrices de por vida.
“Las cicatrices de mi cuerpo no fueron por gusto, son quemaduras que me hicieron para quitarme la vida”, dijo María Elena Ríos Ortiz a diversos medios de comunicación al cumplirse un año de su ataque.
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En diciembre de 2019 fueron detenidos los agresores de María Elena y su proceso judicial está en curso.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno del estado y al titular de la Fiscalía General del Estado, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, para que ofrezcan una disculpa pública a María Elena y su familia por incumplir su obligación de atender e investigar la violencia contra las mujeres y por vulnerar el acceso a la justicia en la modalidad de procuración con perspectiva de género.
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