Entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en nuestro país, pero los cárteles no son los únicos grupos delictivos involucrados en el enganche, pero sí los más visibles. También están las familias delictuales y las pandillas.

En la mayoría de los casos los reclutan para labores de informantes o halcones; luego les cargan más responsabilidades para trasladar mercancías ilegales o vigilar casas de seguridad; los obligan a participar en conflictos armado; muchas niñas y adolescentes son tratadas como las mujeres de los delincuentes, esclavas sexuales.

En todas las entidades federativas hay niñas, niños y adolescentes en riesgo. Sin embargo, sobresale que 55% de la población en esta situación se concentra en siete (7) estados: Estado de México (9.7%), Jalisco (8.6%), Chiapas (8.1%), Puebla (7.8%), Guanajuato (7.3%), Veracruz (7.2%) y Michoacán (6.5%), pero destacan los casos de Puebla y Michoacán debido a que son las entidades con mayor porcentaje de su población de niñas, niños y adolescentes vulnerables en riesgo de este fenómeno.

Este riesgo obedece a la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia familiar, el contexto social o la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos.

Unirse a estos grupos ha llegado a ser la única oportunidad que tienen para salir de un contexto de marginalidad social y económica.

Así se informó durante la presentación del estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con apoyo de la embajada de Alemania en México.

Las autoridades optaron por la implementación de políticas reactivas que provocaron el aumento de la violencia y violaciones a derechos humanos y han facilitado la corrupción en las instituciones públicas.

Si bien Francisco Rivas director general del ONC y la directora ejecutiva de REDIM, Tania Ramírez, dijeron que en el 2021, no existen cifras oficiales, de cuántos infantes y adolescentes están reclutados y utilización de grupos delictivos, aunque hay una estimación de 30 mil.

Enfatizaron que las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, los diversos tipos de violencia de los que son víctimas, la deserción escolar y el acceso a drogas son algunos de los factores que han facilitado su captación.

Francisco Rivas comentó que en muchas ocasiones esta situación ha llegado a ser la única oportunidad que tiene esta población para salir de un contexto de marginalidad social y económica en la que vive.

Las autoridades, añadió, optaron por la implementación de políticas reactivas que provocaron el aumento de la violencia y de las violaciones a derechos humanos y han facilitado la corrupción en las instituciones públicas.

La directora ejecutiva de REDIM señaló que al ser parte de grupos delictivos y ejecutar actividades relacionadas para dichos fines, las niñas, niños y adolescentes se convierten en víctimas. Por ello, añadió, es indispensable partir de la premisa de que no son enteramente libres de decidir, ya que son coaccionados e impulsados de diversas maneras a pertenecer a esos grupos irregulares; para lo cual modificar las condiciones estructurales de la desigualdad es clave en la solución del problema.

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El encargado de negocios de la Embajada de Alemania en México, Mirko Schilbach, dijo que le gustaría que la sociedad en su conjunto lograra proteger mejor a sus niños y niñas en el futuro. Este estudio, destacó, ofrece recomendaciones prácticas al respecto.

Rivas que “la legislación mexicana en materia de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes carece de una estructura en su norma penal que sea explícita para sancionar sus diferentes modalidades y definir competencia jurisdiccional”, reveló.

Mientras que Tania Ramírez expresó que el marco legal es débil en México, ya que el reclutamiento no está tipificado y se considera una forma de trata de personas. Respecto a ello enfatizó que “es necesaria la tipificación de esta conducta para darle visibilidad al tema, para reconocer el papel de los grupos delictivos y fincarle responsabilidades como autores de tal delito y para proteger a niñas y niños que son al mismo tiempo víctimas”.

Ante esta problema, tanto el Observatorio como la Red por los Derechos de la Infancia en México hacen las siguientes recomendaciones: Las Fiscalías deben diseñar estrategias de seguimiento e intervención con personal ministerial enfocadas a la sistematización de carpetas de investigación y casos en los que se haya identificado a niñas, niños y adolescentes involucrados en actividades delictivas.

Procesar, clasificar, sistematizar y utilizar de manera coordinada información oficial proveniente de las instituciones del Estado para identificar el número de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos y así generar un diagnóstico más preciso de este fenómeno.

Diseñar programas y acciones que busquen erradicar situaciones de vulnerabilidad en las que niñas, niños y adolescentes se encuentran, específicamente en los casos en que: No asisten a la escuela o no están protegidos sus derechos, b. Se encuentren en el mercado laboral o c. En alguna situación conyugal distinta a solteros, así como d. En un contexto de alta incidencia delictiva e inseguridad.

Proponen la creación de una Ley General en materia de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes considerando el ejercicio de Parlamento Abierto.

Caso de Sandra, fue reclutada por el Cartel de los Zetas a los 15 años, “fui jefa de los halcones y, al final, me pasaron a secuestros y a ejecutar a los secuestrados. Mi grupo era de 53 personas”.

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