En la Ciudad de México y otras zonas metropolitanas del país, el precio del kilogramo de tortilla se mantiene en 17.70 pesos en tortillerías y en 12:30 en tiendas de autoservicio, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La Procuraduría detalló que en la capital del país, en tortillerías, el precio mínimo registrado en el período en mención es de $ 15.00 pesos el kilo y máximo de $ 20.00, con promedio de $ 16.74; mientras en autoservicios es de $ 11.20 el precio más bajo y $ 14.50 el máximo, con promedio de $ 12.50.
A fin de evitar abusos de establecimientos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó los precios promedio de la tortilla en varias de las principales ciudades del país como la Ciudad de México, Guadalajara, León y Veracruz
Este producto se vendió en tortillerías en promedio nacional en $ 17.70 pesos el kilo, durante la tercera semana de mayo, mientras que en tiendas de autoservicio está en $ 12.30 pesos en promedio en el mismo período.
De los 798 precios registrados a nivel nacional en la tercera semana de mayo, en el 73.2% de los casos no hubo variación de precio informado, la dependencia.
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A su vez, en Guadalajara, Jalisco, se vendió durante la tercera semana de mayo en $ 15.00 mínimo y $ 18.00 máximo, con promedio de $ 16.74 el kilo. En tiendas de autoservicio fue de $ 12.18 en promedio, por los $ 11.20 del precio más bajo y $ 12.90, el más alto.
En Monterrey, Nuevo León, el kilogramo se vendió en tortillerías en $ 18.56 en promedio y en $ 12.03 en autoservicios; en tanto que en León, Guanajuato, en $ 18.75 y $ 12.23, respectivamente. En Villahermosa, Tabasco, en $ 18.14 y $ 11.40, en ese orden.
Cabe recordar que la Profeco lleva a cabo desde el pasado 20 de mayo el “Operativo Especial para Pollo, Huevo, Tortilla, Leche, Frijol, Azúcar, Carne de Res y Carne de Cerdo”, en las principales zonas comerciales del país, entre ellas Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, León, Querétaro y Puebla.
Este programa de verificación, el cual se extenderá hasta el próximo lunes, tiene el objetivo de constatar el comportamiento comercial de productos de la canasta básica en el marco de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de defensa de los derechos de los consumidores.
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