El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha contratado servicios de abogados y asesores legales por 32.3 millones de pesos, para enfrentar demandas internacionales en contra de México.
Sólo este año, la Secretaría de Economía (SE) firmó seis contratos con abogados para que defiendan a México en litigios relacionados con Oceanografía, Oro Negro y Eutelsat. Los servicios se contrataron entre febrero y abril con un costo de 21.8 millones de pesos.
Uno de estos contratos por 1.1 millones de pesos se firmpo con el Bufete Asali S.C., encabezado por Luis Asali –uno de los abogados que junto con el colectivo #NoMásDerroches consiguió una suspensión de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en 2019-, para fortalecer los argumentos de México en el caso CIADI No. UNCT/18/4 iniciado por inversionistas de Oro Negro contra el país.
El 19 de junio de 2018, un grupo de inversionistas encabezados por Alicia Grace notificó al gobierno mexicano sobre un arbitraje conforme el Capítulo XI del TLCAN, acusando a Pemex de concluir anticipadamente contratos de arrendamiento de plataformas perforadoras a la Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, una empresa fundada por Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, y que fue declarada en quiebra a mediados del año pasado.
La SE también dio dos contratos por 4.2 millones de pesos en total a la firma D&PH Mexicana, S. de R.L. de C.V., y al abogado Darío Oscos, de Oscos Abogados, para que presentaran las réplicas y asistieran a las audiencias en el proceso internacional abierto contra el gobierno de México por la empresa de Singapur, PACC Offshore Services Holdings (POSH), derivado del caso Oceanografía.
La empresa reclama a México 200 millones de dólares más el pago del arbitraje internacional bajo el amparo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Singapur para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI México-Singapur).
POSH argumenta que tenía contratos de fletamento y servicios con Oceanografía, que a su vez mantenía acuerdos de prestación de servicios con Pemex Exploración y Producción.
La empresa considera que, a raíz del concurso mercantil iniciado en contra de la naviera, sus inversiones se vieron afectadas, en particular por el aseguramiento de embarcaciones a Oceanografía.
En otro caso, la SE pagó 660 mil dólares (15.8 millones de pesos al tipo de cambio) a la consultora Cornerstone Research para contar con la asesoría de un experto en valuación de daños para fortalecer los argumentos de defensa en los casos relacionados con Oro Negro y Oceonografía.
La dependencia encabezada por Graciela Márquez contrató este año por 683 mil pesos a la firma internacional Greenberg Traurig por el servicio de un experto en derecho de telecomunicaciones y competencia económica para una réplica en la demanda que la francesa Eutelsat presentó contra México en 2017, bajo el argumento de que cambios en la regulación de comunicación satelital la afectaron porque fue obligada a dar al Estado mexicano parte de su capacidad de espectro.
La SE dijo a El Sol de México que la defensa del Estado en estos procedimientos no puede estar limitada únicamente a la asesoría legal que proporcionan los abogados de la dependencia, porque en cada arbitraje se deben presentar informes de peritos que deben ser independientes del gobierno, además de que se requiere de asesoría y representación legal en otras jurisdicciones, en virtud de que se establecen como sede del arbitraje otras jurisdicciones, como Estados Unidos o Canadá.
La dependencia explicó que las contrataciones se hacen con apego al principio de austeridad de la presente administración y que el presupuesto para la defensa en los arbitrajes se ha mantenido estable en los últimos 15 años.
El año pasado, la SE pagó 10.5 millones de pesos en 10 contratos para la defensa de México ante demandas internacionales. Estos incluyen un acuerdo de más de dos millones de pesos con el bufete Ovalle Favela y la consultora CBRE por la defensa y valuación de daños en el caso de la francesa Lion Mexico Consolidated, que reclamó a México 200 millones de dólares en 2015 por la cancelación de tres pagarés y tres hipotecas a favor de la compañía por el Juzgado Noveno de lo Mercantil de Jalisco.
También durante 2019 firmó dos contratos por más de 360 mil pesos al despacho Malpica, Iturbe, Buj y Paredes para la defensa en el caso de Tele Fácil, que reclamó al Instituto Federal de Telecomunicaciones un desacuerdo en tarifas de interconexión presuntamente acordadas con Telmex y que le fueron negadas.
Además, la dependencia pagó 540 mil pesos a Fausto García Asociados para que la asesorara ante el reclamo de Vento Motorcycles de tres mil millones de dólares al país por dos procedimientos de verificación de origen en 2003 y 2004 respecto a motocicletas producidas y ensambladas en Estados Unidos.
En estos casos, la SE destacó que los tribunales arbitrales emitieron un laudo a favor del Estado mexicano, en el que prevalecieron los argumentos de México y se determinó que el país no era responsable del pago de ninguna indemnización por daños a los inversionistas.
“Se pueden lograr exitosas defensas en este tipo de litigios, contratando servicios de asesoría legal externa y de expertos dentro del marco de la austeridad, ya que los pagos de este tipo de servicios el Gobierno Federal no los ve como gastos sino como una inversión que pueden evitar afectaciones mayores al erario público”, indicó la SE.
Adicional a la defensa legal contratada para atender las demandas contra el Estado mexicano, la dependencia federal paga a asesores legales para temas comerciales con Estados Unidos y Canadá. Este año contrató por 41.8 millones de pesos a las firmas Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y Tereposky & DeRose.
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