Durante el primer debate presidencial de 2024, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez propuso la iniciativa 3 de 3 para combatir la corrupción en el país y trata de que las empresas cumplan con las reglas de transparencia en las licitaciones gubernamentales.
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La Ley 3 de 3 fue redactada por una asociación civil integrada Josefina Cortés, Max Kaiser y José Roldán Xopa; sin embargo, otros especialistas y aposiciones están involucrados en su creación. El objetivo de esta propuesta surgió para “forjar gobiernos más honestos e íntegros y reducir riesgos de corrupción” de acuerdo con el grupo ciudadano.
¿Cuáles son los principales puntos de la ley?
Presentar declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses por todos los funcionarios públicos del país periódicamente y hacerlo de manera pública.
El primero de los ejes tiene como propósito detallar los gastos e inversiones del Gobierno, ya que estos vienen de los impuestos pagados por los ciudadanos, por lo tanto los funcionarios también deben formar parte de la contribución al erario público del país.
En segundo lugar, la declaración fiscal permite conocer los bienes e ingresos económicos de los empleados gubernamentales desde el comienzo de su cargo hasta cuando es finalizado. De este modo es posible identificar aluna irregularidad en caso de que no correspondan los gastos con los ingresos percibidos.
Por último, la declaración de intereses consiste en explicar si existen parientes o amistades cercanas a la política o se beneficien por tener un cargo público de la relación. La función de conocer sus conexiones es para evitar privilegios en puestos de trabajo como el compadrazgo y fomentar la igualdad de oportunidades.
Reforma 3 de 3 contra violencia de género
En el año 2023 el Senado de la República le dio un carácter constitucional cuando prohibió ser funcionario público o desempeñar cargos de representación popular a agresores sexuales, deudores alimenticios o se les compruebe la culpabilidad de violencia de género.
La restricción también se aplicará a quienes tengan alguna sentencia por delitos contra la vida y la integridad corporal, crímenes de violencia familiar o doméstica y por violencia política contra mujeres por motivos de género.
La reforma constitucional también impedirá a los deudores alimenticios realizar la compra o venta de inmuebles, adquirir documentos de identidad como pasaporte o licencia de manejo, para contraer matrimonio, aspirar a una candidatura popular o ser jueces locales y federales.
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