Shamir Fernández Hernández, actual candidato a la alcaldía de Torreón por la coalición Morena-PT, enfrenta controversias en su campaña debido a acciones pasadas durante su larga militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Una omisión particularmente significativa fue su decisión de no firmar la iniciativa para la creación del registro de deudores alimenticios, un recurso crucial para el apoyo y protección de mujeres y niños en situaciones de vulnerabilidad económica.
Esta omisión ha vuelto para cuestionar su credibilidad, especialmente ahora que Fernández intenta posicionarse como un defensor de las mujeres y que enfrenta una demanda por alimentos en la ciudad que hoy pretende gobernar. En el primer debate de candidatos a la alcaldía de Torreón, celebrado recientemente, Fernández no solo destacó su experiencia en desarrollo social sino que también criticó la falta de atención a sectores abandonados por la administración actual, proponiendo una serie de programas de apoyo dirigidos especialmente a mujeres cabeza de familia.
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Además, en un intento de fortalecer su plataforma política, Fernández prometió combatir activamente la violencia contra las mujeres, una declaración que busca resaltar su compromiso con la igualdad y la justicia social. Sin embargo, estas promesas contrastan con su historial legislativo, lo que ha generado escepticismo entre los votantes y analistas políticos.
Un hecho que añade complejidad a su perfil es su compromiso en 2016, mientras era titular de la Notaría Pública número 70 en la colonia Los Viñedos de Torreón, donde firmó ante el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, comprometiéndose a pagar solo 280 pesos mensuales, equivalente al 15% de su sueldo como notario, bajo el concepto de pensión alimenticia. Esta declaración, que ahora forma parte del registro público, podría interpretarse como una incongruencia con la imagen de apoyo y protección hacia las mujeres y niños que Fernández intenta proyectar en su campaña.
El contexto de su carrera política plantea interrogantes sobre la consistencia y la sinceridad de sus actuales propuestas electorales. Fernández pasó más de 15 años en el PRI, un período durante el cual tuvo múltiples oportunidades para apoyar legislaciones que beneficiaran a los sectores vulnerables. La falta de acción en momentos clave, como la no firma del registro de deudores alimenticios, sugiere un enfoque político que algunos críticos consideran oportunista, basado más en las exigencias electorales del momento que en una verdadera convicción de cambio social.
A medida que la campaña continúa, los ciudadanos de Torreón están evaluando cuidadosamente las propuestas y el historial de Fernández. Con un escrutinio cada vez mayor sobre su pasado político y su actual retórica, será fundamental para Fernández demostrar con acciones concretas su compromiso con las promesas realizadas, especialmente aquellas que afectan directamente la vida y el bienestar de las mujeres en la comunidad.
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