Tras condenar enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos el 5 de marzo en el estadio Corregidora de Querétaro, derivado del enfrentamiento entre supuestas barras de aficionados de dos equipos de fútbol, cuyo saldo de personas agraviadas es aún indeterminado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que iniciará una queja de oficio por estos condenables sucesos.
Por la gravedad de los hechos, la trascendencia de los mismos a nivel nacional y el referente que puede constituir, pero sobre todo la necesidad de atender y proteger a la ciudadanía, la CNDH iniciará queja de oficio para investigar y determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas y defender a las víctimas para asegurar su acceso a la justicia y la reparación.
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Resaltó que de acuerdo a la información que se ha difundido en los medios de comunicación, la brutalidad de los hechos ocurridos puso en máximo riesgo a cientos de niñas, niños y adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores y familias enteras que se encontraban presenciando el evento deportivo, quienes incluso tuvieron que despojarse de su ropa alusiva al equipo de su preferencia, para resguardarse y evitar ser blanco de las agresiones.
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Dijo que si bien, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol Asociación (FEMEXFUT) y la Liga BBVA MX informaron en sus redes sociales que iniciarán una investigación a fondo de lo acontecido, no puede pasarse por alto que la principal responsabilidad recae en las autoridades, obligadas a garantizar la seguridad de las personas en los eventos masivos tanto dentro como fuera de las instalaciones donde se lleven a cabo, lo que implica intervenir para contener y detener las agresiones, preservando los derechos humanos de los involucrados y protegiendo a todas las personas.
La CNDH destacó que aunque la FEMEXFUT y los equipos deportivos, así como los estadios e instalaciones que se utilizan, son empresas privadas, no debe perderse de vista que el Estado tiene, entre otras obligaciones, la de establecer un marco regulatorio adecuado que proteja la seguridad y los derechos humanos ante la actividad empresarial, la de supervisar su cumplimiento y garantizar la reparación del daño en los casos en que esta cause alguna afectación a las personas.
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