/ martes 21 de marzo de 2023

Conmina Congreso de la CDMX prevenir violencia y acoso sexual en clubes de futbol

En diversas ocasiones han solicitado a autoridades que estos presuntos delitos sean atendidos

Diputados que conforman las ocho fracciones y asociaciones del Congreso de la Ciudad de México, instaron a prevenir la violencia y acoso sexual en clubes de futbol establecidos en la capital del país, al tiempo que exhortaron a deslindar responsabilidades, así como reforzar protocolos de prevención y marcos normativos para impedir que se repitan estas conductas.

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A propuesta de la congresista de la bancada del PRI, Esther Silvia Sánchez Barrios, el Poder Legislativo local, ante los casos de abuso y acoso sexual en los que están involucrados jugadores de futbol y grupos activistas como Mujeres Ola Azul, conminaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), a cargo de Ernestina Godoy Ramos y al Instituto del Deporte (INDEPORTE), que dirige Javier Hidalgo Ponce, ambos de la Ciudad de México, así como a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), cuya titular es Ana Gabriela Guevara, a implementar campañas de prevención de violencia física y acoso sexual en los clubes de futbol.

La legisladora priísta fundamentó que los interesados, en diversas ocasiones han solicitado a autoridades que estos presuntos delitos sean atendidos y que, no se proteja a jugadores y directivos con estas conductas.

“Es importante que la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM), su patronato y los directivos del club universitario, se pronuncien sobre el tema y tomen las acciones necesarias para evitar que se repita cualquier acto de violencia contra deportistas y aficionados”, expuso Sánchez Barrios.

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Llamó a que cesen las amenazas en contra del colectivo que ha exigido justicia, tal es el caso de Mujeres Ola Azul, que lo único que ha hecho es exhibir casos y demandar la aplicación de la ley.

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La representante popular del Revolucionario Institucional dijo que deben reforzarse los protocolos de prevención y los marcos normativos, para que figuras públicas no tengan la posibilidad de aprovechar su estatus social, influencias o dinero para vulnerar los derechos de los ciudadanos.

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Diputados que conforman las ocho fracciones y asociaciones del Congreso de la Ciudad de México, instaron a prevenir la violencia y acoso sexual en clubes de futbol establecidos en la capital del país, al tiempo que exhortaron a deslindar responsabilidades, así como reforzar protocolos de prevención y marcos normativos para impedir que se repitan estas conductas.

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A propuesta de la congresista de la bancada del PRI, Esther Silvia Sánchez Barrios, el Poder Legislativo local, ante los casos de abuso y acoso sexual en los que están involucrados jugadores de futbol y grupos activistas como Mujeres Ola Azul, conminaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), a cargo de Ernestina Godoy Ramos y al Instituto del Deporte (INDEPORTE), que dirige Javier Hidalgo Ponce, ambos de la Ciudad de México, así como a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), cuya titular es Ana Gabriela Guevara, a implementar campañas de prevención de violencia física y acoso sexual en los clubes de futbol.

La legisladora priísta fundamentó que los interesados, en diversas ocasiones han solicitado a autoridades que estos presuntos delitos sean atendidos y que, no se proteja a jugadores y directivos con estas conductas.

“Es importante que la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM), su patronato y los directivos del club universitario, se pronuncien sobre el tema y tomen las acciones necesarias para evitar que se repita cualquier acto de violencia contra deportistas y aficionados”, expuso Sánchez Barrios.

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Llamó a que cesen las amenazas en contra del colectivo que ha exigido justicia, tal es el caso de Mujeres Ola Azul, que lo único que ha hecho es exhibir casos y demandar la aplicación de la ley.

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La representante popular del Revolucionario Institucional dijo que deben reforzarse los protocolos de prevención y los marcos normativos, para que figuras públicas no tengan la posibilidad de aprovechar su estatus social, influencias o dinero para vulnerar los derechos de los ciudadanos.

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