El agente del Servicio Secreto Luis Álvarez Ortega, detenido "bajo el cargo de extorsión" en compañía de otro agente y dos usurpadores, misteriosamente falleció intoxicado en los separos de la policía
La repentina muerte por envenenamiento que sufrió en la Procuraduría de Justicia el agente del Servicio Secreto número102, Luis Álvarez Ortega, antes de ser enviado al viejo penal de Lecumberri adquiría ribetes de crimen “gansteril” en 1953.
El policía había sido detenido por supuesta extorsión en compañía de sus presuntos cómplices, Manuel Bravo López y los falsos agentes Raúl Luévano Jiménez y Guillermo Castillo Palafox.
Lo anterior se informó en LA PRENSA el lunes 13 de abril de 1953 y se anotó que la consignación a dichas personas fue por usurpación de funciones, extorsión a los delincuentes profesionales y compradores de chueco, responsabilidad oficial, uso indebido de documentos, amenazas y posesión ilegal de bienes de la nación.
Desayuno mortal
Luis Álvarez se encontraba en las oficinas de la Policía Judicial; los otros tres permanecían en los separos. Poco antes de las 10:00, horas alguien llevó el desayuno al agente Álvarez, consistente en café con leche, pan y un refresco.
A los pocos minutos, Luis pidió permiso para salir al patio a tomar agua en la misma botella que había vaciado. Lo acompañó uno de los policías de servicio.
Después de hidratarse, regresó al lugar donde estaba detenido. Inmediatamente, los empleados de la oficina se dieron cuenta de que el agente procesado se veía sumamente enfermo y, acto seguido, se desmayó.
Cuando se le proporcionaron los primeros auxilios, Álvarez ya se encontraba en estado de coma.
En el puesto de socorros de la Sexta Delegación, se le aplicaron masajes, respiración artificial, oxígeno, inyecciones de coramina y lovelina, sufriendo en menos de diez minutos dos detenciones en la marcha del corazón e interrupción total en la respiración.
Los dos colapsos fueron combatidos con éxito por los médicos, pero el organismo del agente no soportó el tercero, falleciendo 30 minutos después de haber tomado el desayuno.
Durante la investigación del caso, se recogió de junto a la llave en que llenara la botella Luis Álvarez, un frasco vacío con la etiqueta de “Amital Sódico” y otro con la etiqueta borrada.
Los otros tres detenidos aparecían como sospechosos de haberle enviado algún veneno, pues Álvarez hizo declaraciones muy comprometedoras en su contra.
Al enterarse de lo sucedido, Francisco Aguilar Santa Olalla, subjefe del Servicio Secreto, dijo que Álvarez Ortega era un hombre con limpia historia metido en un lío sin culpabilidad de ninguna naturaleza, y que además tenía la seguridad de salir libre, lo que establecía nítidamente la imposibilidad de que el hombre pensara en suicidarse.
Mientras tanto, los médicos señalaban que el Amital Sódico no provocaba muerte violenta. Sí producía el deceso de un individuo, pero tomado en fuertes dosis y, sobre todo, muchas horas después de ingerido y con síntomas muy diferentes a los observados en el agente Álvarez.
Un intenso sueño habría sido el principio de la intoxicación y el agente no lo tuvo. En el fallecimiento del detective intervino un tóxico mucho más violento y mortal. Más adelante se estableció la posibilidad de que el agente Álvarez haya tomado cianuro o arsénico.
En tanto, su madre, María Ortega Balderas, enfermera de profesión, dijo que ignoraba que su hijo trabajara en el Servicio Secreto, pues siempre se opuso.
Mientras tanto, Manuel Bravo, Guillermo Castilla Palafox y Raúl Luévano Jiménez, se encontraban internados en el viejo penal de Lecumberri, involucrados en el lío de los extorsionadores de la Jefatura de Policía.
El agente del Servicio Secreto Luis Álvarez Ortega, quien habiendo sido detenido con otros compañeros, involucrados en una serie de inmoralidades, fue envenenado para evitar que hablara. Esta era la gran premisa. Y de este planteamiento debían partir los investigadores en caso de que se quisiera resolver el enigma de la muerte de un sospechoso que antes había sido un representante de la ley.
Le dieron cianuro al policía preso
José López, amigo íntimo del agente Luis Álvarez, sostuvo enérgicamente que aquel no era capaz de suicidarse, máxime que se sabía inocente de todo lo que le achacaron. Anotó que era inexplicable lo del desayuno fatídico... “Luis sólo recibía alimentos por mi conducto, negándose casi a comer durante todos los días que estuvo detenido”.
No se explicaba López lo del café con leche, toda vez que el agente no acostumbraba en su dieta el lácteo, dizque por “una vieja enfermedad que padecía en el estómago”. Y precisamente para combatir ese mal fue que el médico “le había recetado el Amital Sódico”.
Había un camino en las pesquisas de los sabuesos policiacos que conducía por vericuetos insospechados a la comisión de un crimen, en el que Manuel Bravo López, Raúl Luévano Jiménez y Guillermo Castillo Palafox aparecían como sospechosos.
El dictamen de los peritos reveló que una fuerte cantidad de cianuro fue encontrada en las vísceras extraídas al cadáver del agente del Servicio Secreto, Luis Álvarez Ortega. Durante la autopsia, los médicos hablaron de golpes y derrames, que los expertos explicaron fueron los efectos del terrible veneno que cortó la existencia de Álvarez Ortega en forma por demás misteriosa.
Durante las investigaciones, quedó aclarado que el desayuno lo recibió el agente Álvarez de manos del abogado Guillermo Santaella, mismo que se había encargado de la defensa del reo y al que había prometido una libertad inmediata.
Al examinar los documentos registrados después de la muerte del agente envenenado, LA PRENSA encontró un recado de Luis.
Se dijo que era de su puño y letra y que textualmente rezaba:
A quien corresponda:
Protesto enérgicamente contra las autoridades a las cuales serví honrosamente y exponiendo mi vida cien veces o más, como consta en mi...
El mensaje estaba escrito en una servilleta de café, anexándose a ese principio de declaración, una credencial de la Logia Masónica del Valle de México, que acreditaba al agente muerto como “aprendiz” y firmada por el Gran Secretario, Pablo G. González.
El licenciado Guillermo Santaella y Santibáñez (padre de los muchachos acusados en el sonado plagio de la hija del empresario cinematográfico Granat) fue quien le llevó el desayuno trágico a Luis Álvarez y era el único que hablaba de suicidio.
Dijo el abogado que el desaparecido agente le planteó la posibilidad de arrebatarse la vida.
Y una vez que se encontró cianuro en el café con leche que tomó el agente Álvarez, inmediatamente se ordenó la detención del general y licenciado Santaella para ser investigado. Pero pronto fue dejado en libertad.
Posteriormente, el pasante de medicina, Víctor Fragoso, compareció ante el agente del Ministerio Público, y declaró que las lesiones internas que se notaron en el cadáver del agente, bien se pudieron ocasionar en los momentos en que se aplicó un “enérgico tratamiento de respiración artificial, con el fin de salvarle la vida”.
En pro de la tesis de suicidio
Al conocerse el dictamen de los peritos forenses, sobre los residuos de cianuro en el café con leche de la botella que estuvo en manos del agente Álvarez, y sujetándose a lo dicho por el abogado Guillermo Santaella y Santibáñez, sobre que aquél le había comunicado su deseo de “hacer un can can de suicidio”, se explicó de manera oficial que el misterioso asunto ofrecía la posibilidad de que el agente hubiera atentado personalmente contra su existencia:
Al recibir el café con leche, Álvarez puso en la botella determinada cantidad de cianuro, desconociendo la terrible potenciade ese veneno, y con el propósito de hacer el numerito, tomó un poco del líquido, pensando quizá en el axioma de que un poco de veneno no mata y se liquidó sólo, con las consecuencias posteriores.
Pero, aceptando sin conceder, que Luis Álvarez haya colocado el veneno en el café con leche, y que éste no estaba envenenado de antemano, ¿quién proporcionó al agente el veneno, o de dónde lo hubo, para tenerlo tan a mano en el momento en que le vino en gana?
Las declaraciones de uno de los integrantes del trío de extorsionadores que ya se encontraban recluidos en el penal de Lecumberri, dio nuevo sesgo al caso del agente envenenado.
Dicho sujeto, bajo amenazas, fue obligado a señalar a Luis Álvarez como jefe de la banda. Sin embargo, el reo puntualizó que todo fue obra del tormento inquisitorial que estuvo a punto de ser objeto por parte de los agentes de la Policía Judicial del Distrito.
Y se hablaba de más enjuagues en torno a la muerte del agente Álvarez.
Entonces, surgió el nombre de Paula López de Sánchez, quien comercializaba desperdicio industrial y quien se dijo extorsionada por los falsos sabuesos policiacos.
El agente 304 del Servicio Secreto, Manuel Bravo López fue acusado por Paula, pero él negaba toda intervención en los hechos.
"¡Yo acuso!"
-Mi hijo no se suicidó. Lo mediomataron a golpes en la Procuraduría y lo remató el licenciado Santaella con café envenenado.
Categóricamente, al ser entrevistada por LA PRENSA en los corredores de la Policía Judicial, la señora María Ortega Balderas, madre del agente Luis Álvarez Ortega, afirmó que el licenciado Santaella le aseguró enfáticamente, que Luis había tomado del café que él mismo le llevó, no obstante que el jurisconsulto dijo ante las autoridades, que Álvarez Ortega no había querido probar el alimento, una vez que se supo el resultado de los análisis y que se descubrió que contenía cianuro.
La señora y su sobrina, Concepción Carrillo Ortega, hicieron revelaciones que pusieron en un predicamento a la Policía Judicial y al mismo abogado Guillermo Santaella.
Desmintió la señora Ortega Balderas que su hijo tuviera úlcera gástrica y que era un hombre sano que no tomaba medicinas (lo que contradecía lo dicho en un principio). Dijo que no era de los hombres que se suicidan, máxime cuando a todos sus amigos les expresó la seguridad de que era inocente de los cargos que le imputaban.
Abundó la señora en que no descansarían hasta que no se esclarecieran las cosas y se encuentre a los individuos que “mataron a mi hijo, envenenándolo después”.
Extraña incoherencia de un médico
El día 13 de abril, en los momentos en que el doctor Juan Pérez Muñoz practicaba la primera de las muchas autopsias que se hicieron al cadáver de Luis Álvarez, dijo textualmente:
-¡A éste lo golpearon terriblemente!
Y acto continuo, comenzó a señalar aquellos sitios que, a su juicio, habían sido lesionados por los golpes…
Continuaba en pie la incógnita sobre la muerte del agente 102 del Servicio Secreto, resultando, de acuerdo con los datos proporcionados en todas las fuentes conectadas con los trágicos sucesos, que la tesis del suicidio perdía la poca consistencia que se le quiso dar desde un principio.
Luis Álvarez, durante el tiempo que permaneció en la Policía Judicial, no recibió más visitas que la de sus amigos íntimos, que no le proporcionaron el cianuro necesario para darse muerte.
Si él quería suicidarse y al mismo tiempo poner ante los ojos de todo el mundo en evidencia al Servicio Secreto y a la Policía Judicial, como se deduce del papel que principió a escribir y que no terminó, lo lógico es que hubiera escrito todo lo que tenía y puesto la carta en lugar seguro y más tarde se arrebatara la vida.
Tres fueron refundidos
La seguridad que él mostró ante sus amigos de ser inocente, el haberse visto con anterioridad envuelto en un homicidio que lo llevo hasta la Penitenciaría y la seguridad con que el licenciado Santaella le dijo que lo sacaría pronto en libertad, ponían de manifiesto que no tenía motivos para suicidarse y que la cárcel no podía deprimirle el ánimo hasta el extremo de empujarlo a una determinación tan tremenda.
Por su parte, Irma Galván Ortega, prima de Luis Álvarez Ortega, incurrió en algunas contradicciones acerca de lo dicho sobre los golpes que se aseguró le fueron propinados al agente poco antes de morir.
En cuanto a la madre de Luis Álvarez, se retractaba de su dicho simple y llanamente.
Irma Galván dijo no haberse separado un momento de su tía.
-Me fui a la Sexta Delegación encontrando a mi tía el domingo 12 de abril, de la que ya no me separé para nada; cuando estaba en los patios de la Cruz Verde, escuché que dos personas decían que el licenciado Santaella había comentado que golpearon a mi primo.
Ratificó plenamente su extrañeza en el momento en que se apagó la luz del anfiteatro de la Cruz Verde cuando sacaban el cadáver de Luis y señaló que al escuchar lo de los golpes de su primo, “estaba completamente sola” (antes dijo que para nada se había separado de su tía, madre del agente envenenado).
Por lo que respecta a María Ortega, resultó del todo extraño que se retractara de lo que había declarado a los periodistas.
Ante el agente del Ministerio Público, la madre del agente Álvarez declararía el 16 de abril que no había notado huellas de golpes al ver a su hijo sin vida.
Agregó que la entrevista con los reporteros fue antes de ver al director de la Policía Judicial, quien le mostró las diligencias practicadas por la Agencia Central, de las que se desprendía que su hijo no fue víctima de ninguna violencia. De hecho, la señora aceptó finalmente la tesis del suicidio de su hijo.
El juez instructor de la causa, obrando con inquebrantable rectitud, decretó la formal prisión para los tres protagonistas en el caso de los extorsionadores de la compradora de fierros viejos, Paula López de Sánchez.
Les negó la libertad bajo fianza. Y en lo que respecta al agente Luis Álvarez Ortega, cuyo fallecimiento fue un misterio aparente, no tuvo nada que ver en el caso y solamente se le inmiscuyó por simple sospecha, siendo la verdadera víctima de tan sonado lío.
El jueves 16 de abril de 1953 fue un día agitado en el Juzgado14 de la Quinta Corte Penal; las puertas fueron abiertas de par en par y un numeroso grupo de personas se encontraba ansioso por penetrar. Funcionarios, empleados, periodistas, litigantes, [ “coyotes” y en general curiosos, a empellones trataban de abrirse paso hasta el interior de la sala.
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Comparece la acusadora
Paula López de Sánchez, propietaria del depósito de desperdicio industrial establecido en la calle Geranio, de donde los extorsionadores la condujeron el 8 de abril hasta las puertas de la Sexta Delegación, so pretexto de encerrarla en las galeras bajo el cargo de ser compradora de “chueco”, señaló a los tres sujetos detenidos como sus victimarios.
El juez Carlos Espeleta ya había resuelto el caso:
Se decretó formal prisión a los reos Raúl Luévano Jiménez y Guillermo Castilla Palafox, por considerárseles responsables de los delitos de fraude, usurpación de funciones públicas y uso indebido de distintivo (refiriéndose a las placas que ambos mostraron a su víctima, Paula López).
Se decretó también formal prisión del inculpado Manuel Bravo López. Y se declaró extinguida la acción penal intentada por el Ministerio Público contra Luis Álvarez Ortega (el occiso), por los delitos oficiales y de asociación delictuosa.
El más comprometido en el asunto fue Guillermo Castilla Palafox, toda vez que sobre él recayó toda la responsabilidad, aun cuando sus cómplices no quedaron a salvo.
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