Nadia logró encontrar un lugar al lado de Mile y Yesenia, con quienes compartía el departamento, además de otra compañera que el día de los hechos había salido a trabajar y sería quien daría aviso a las autoridades más tarde.
A partir de este momento, si no se han planteado, deberían formularse, o reformularse, todas las dudas e inverosimilitudes. Es muy curioso cómo dos activistas huyeron de un lugar -donde prácticamente estaban sentenciados- para llegar justamente al sitio donde perderían la vida, ¿los dos en el mismo sitio, el mismo día? ¡Vaya que eso sí sería una cita con la muerte!
Ahora bien, si el móvil del crimen respondiera al de robo, ¿qué podría valer tanto como para asesinar a cuatro personas? Y el grado de violencia contra las víctimas, ¿por qué los habían torturado y qué buscaban para dejar el departamento en completo desorden? Y si no habían muerto debido a la tortura, el estrangulamiento y las puñaladas, ¿por qué el tiro de gracia? ¿Qué significado tiene todo eso?
Lo que parece más curioso es que poco a poco las autoridades de aquel entonces aparentaron procurar la justicia de manera pronta y siguieron una línea argumental que respondía a la criminalización de una de las víctimas, cuyo oficio celestinesco fue referente en las indagatorias.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), una de las víctimas (Mile) habría permitido el acceso al edificio, así como al interior del departamento, a tres sujetos -de los cuales al menos conocía a uno-, quienes fueron identificados como Daniel Pacheco Martínez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas.
Consta en esa misma versión que, en un tiempo aproximado de 50 minutos, los agresores habrían entrado, golpeado, torturado y asesinado a las víctimas. De tal suerte que los cinco cadáveres mostraban una sola herida de bala en la cabeza, provocada por un arma calibre .9 milímetros.
A dos víctimas les habían infligido múltiples heridas por arma blanca; en tanto que los otros dos tenían huellas de violencia sexual y habían sido asfixiados.
Además, con base en esa versión de la Procuraduría, los agresores tuvieron el tiempo suficiente para cometer sus fechorías y aun revolver todo el lugar en busca de algo, si determinar qué; sin embargo, las cámaras de videovigilancia los captaron al salir, y, debido a ello se pudo determinar que uno de los rufianes llevaba una maleta negra a rastras, mientras otro de sus cómplices se robaba un auto Mustang que era propiedad de Mile.
CINCO AÑOS SIN LA VERDAD
Lo que debe exigir la sociedad es el esclarecimiento del quíntuple homicidio –primero, para que nunca vuelva a repetirse un acto similar; y segundo, porque sin la certeza de la verdad no hay nada-; que las líneas de investigación, incluso las más sutiles, se indaguen y se descarten si no son la solución, pero que se investigue.
En torno al caso Narvarte, hasta esta fecha se sabe que hay un solo hombre sentenciado. Y la incertidumbre en torno a los otros dos detenidos, sobre su situación, es una incógnita que inquieta. Se sabe que interpusieron amparos, pero hasta la fecha la secrecía en torno al asunto no deja avanzar en la solución.
Como hemos mencionado, desde el primer momento de las investigaciones se optó por seguir el rumbo del robo y aquello relacionado con narcomenudeo. Se filtró mucha información a los medios de comunicación y éstos se encargaron de replicar ese móvil, casi intencionalmente, con la intención de reforzar esa versión para, de ese modo, justificar el crimen y poder descartar u olvidar las otras líneas de investigación.
De acuerdo con el documento presentado en 2019 por Articulo 19, “El caso Narvarte, la verdad como «exquisitez»”, no habían pasado ni 12 horas luego de que identificaran a Rubén Espinosa cuando ya el entonces procurador descartaba que el crimen se relacionara con las amenazas hacia éste desde Veracruz.
Por su parte, Javier Duarte, desde su puerto seguro se daba el lujo de desear éxito en la pronta solución del caso y manifestaba su total disposición para colaborar con las autoridades. Y aunque finalmente se logró que declarara en torno al caso, no trascendió en absoluto para desahogar las averiguaciones.
Para los familiares de las víctimas ha sido difícil enfrentar todas las dificultades en torno a la búsqueda de justicia, pues lo único que desean es esclarecer los hechos para que los responsables sean sancionados.
El año pasado, en septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), antes Procuraduría, puso manos a la obra desde un ángulo diferente, con base en un modelo propuesto por familiares de las víctimas; sin embargo, hasta ahora no ha habido avances en la investigación.
Falta también, y esto es muy importante, que las autoridades capitalinas ofrezcan una disculpa pública, tal como quedó asentado en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos presentada y dada a conocer en 2017.
En relación con toda la información filtrada, ninguna autoridad, hasta la fecha, ha sido sancionada debido a las violaciones que se cometieron. Y los personajes que figuraron entonces en la investigación, ahora escaparon a otros puestos o cargos (para protegerse mediante el fuero constitucional) y dejaron sus promesas en el olvido.
En general, la actuación de la Procuraduría en la investigación del caso fue más bien con premura, cuya finalidad parecía más la de dar el clásico y vergonzoso “carpetazo” que dar respuesta a la solución.
El caso Narvarte sigue abierto, en parte debido que los familiares de las víctimas así lo han querido, con la ayuda de abogados coadyuvantes; y, por su parte, también lo han pedido así las defensas de los imputados.
Hace un par de días, en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, reiteró su “compromiso de llegar a la justicia”; además, reiteró su confianza en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) pueda dar resultados sobre la investigación para poder mostrar los avances:
“Está trabajando la Fiscalía General en este tema y esperamos poder dar resultados pronto a través de la Fiscalía General”.
Hasta ahora, con la única sentencia impartida a Abraham Torres Tranquilino por 315 años de prisión, no se cumple con la garantía del derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño integral de los familiares de las víctimas.
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