Narrar un acontecimiento tan sórdido como el ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando en Iguala, Guerrero, se desarrolló uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente de represión y violación a los derechos humanos es simplemente inaudito. Aquella noche, un grupo armado atacó a los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Es una herida abierta, historia cuyo desenlace es incierto, debido a las serias omisiones, la falta de verdad y justicia, pero, sobre todo, por la invención de verdades que no esclarecen nada y que, al final de cuentas, son mentiras que con el paso de los años se han intentado corregir Los hechos también son conocidos por todos en este país; no obstante, habría que dar un repaso a los sucesos para no olvidar lo que, tanto las policías como el ejército y el Estado, desearían que desapareciera o que el caso quedara cerrado.
Aquella noche aconteció que un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, jóvenes de entre 17 y 25 años, acudieron a la ciudad de Iguala, Guerrero, con la finalidad de “tomar” autobuses, pues previamente se habían reunido la mayoría de escuelas normales rurales para ponerse de acuerdo y participar en marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la represión y masacre contra estudiantes ocurrida en 1968.
De acuerdo con la información que en ese momento publicó El Diario de las Mayorías, aproximadamente a las 21:00 horas del viernes 26 de septiembre de 2014, se registró un incidente entre alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y la policía preventiva municipal de Iguala de la Independencia, Gerrero.
Normalistas habían tomado los tres últimos camiones para dirigirse a su escuela, no obstante, durante todo el día la presencia policiaca había, de algún modo, seguido sus pasos, por lo que fueron alcanzados por algunos elementos, quienes accionaron sus armas contra los autobuses.
Un primer ataque derivó luego de que cuatro autobuses formaron una caravana y enfilaron rumbo hacia el Anillo Periférico de Iguala, pues de allí podrían ir hacia Ayotzinapa. No obstante, ese camino los haría pasar a una cuadra por donde María de los Ángeles Pineda había rendido su segundo informe de actividades como presidenta del DIF local; no obstante, cuando pasaron los normalistas, este evento había concluido. Sin embargo, la policía comenzó a perseguir los camiones, con la finalidad de impedir que la comitiva se acercara al lugar.
Con base en declaraciones de Iñaky Blanco, fiscal guerrerense, el primer episodio de violencia habría ocurrido entre las las 21:30 horas y las 22:20, cuando la policía logró cerrar el paso de los cuatro autobuses con una patrulla de la policía municipal en la esquina de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte.
Ante tal situación, los alumnos descendieron de los autobuses para intentar que la camioneta de la policía los dejara pasar; no obstante, se suscitó el enfrentamiento cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los agentes, por lo cual, algunos de los compañeros del policía abrieron fuego, hiriéndolo y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo.
El fiscal guerrerense informó que cerca de las 24 horas se suscitó otra agresión de sujetos armados con otros automovilistas que se desplazaban sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a la altura de la comunidad de Santa Teresa, en la que resultó afectado un autobús de razón social Castro Torres en el cual viajaban integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo y dos taxis del servicio público. En el lugar perdieron la vida David Josué García Evangelista, de 15 años, quien era futbolista, y una mujer de nombre Blanca Montiel Sánchez.
Crimen de estado: desaparición forzada
la madrugada del 27 de septiembre continuaron las agresiones contra los estudiantes, incluso, es de llamar la atención que mientras un grupo de reporteros entrevistaba a los normalistas, llegó un comando armado y comenzó las hostilidades sin importar la presencia de la prensa. Durante la mañana de ese sábado 27 de septiembre, fue encontrado el cuerpo de uno de los normalistas que permanecían en calidad de desaparecidos. Fue un sobresalto de terror encontrarlo en esa condición. La sordidez de la transmisión de esa imagen permanece imborrable, ya que se aprecia la brutalidad con la cual arremetieron contra el estudiante.
El perturbador hallazgo fue el de un joven al que le habían sacado los ojos y arrancado la piel de la cara; se trataba de José Luis Mondragón, el único normalista cuyo cadáver fue entregado a sus familiares.
La Fiscalía de Guerrero reconoció la impronta de los policías -en complicidad con miembros del crimen organizado- que habían “golpeado brutalmente con saña y crueldad por la acción conjunta y complicidad de miembros de la delincuencia organizada y servidores públicos”, lo que al final resultó en 64 fracturas: 40 huesos del cráneo, rostro y la columna, según José Trinidad Larrieta, encargado de la investigación en ese momento.
Larrieta pidió así a la Fiscalía mexicana que se investigara la tortura que sufrió el estudiante por al menos 30 personas y, por su parte, el fiscal guerrerense, Iñaky Blanco, indicó que se llamaría a comparecer al alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
43 desaparecidos
De acuerdo con las primeras declaraciones oficiales, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, afirmó con certeza que se encargaría de llevar a los responsables ante a justicia, pues consideraba que debían pagar por su crimen en prisión; asimismo, también refirió que no se encontraba en sus planes dejar el cargo.
Pero, contra todo pronóstico, al día siguiente Abarca pidió licencia por 30 días, sobre el argumento de que no deseaba entorpecer las investigaciones; no obstante, tan pronto como le dieron licencia, éste aprovechó para darse a la fuga junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a partir del 30 de septiembre de ese año.
También puedes escuchar el podcast ⬇️
Puedes escucharlo en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music
PGR asume investigación y detiene a Sidronio Casarrubias
El 4 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, asumió la investigación del caso y fueron Rodrigo Archundia, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, y Tomás Zerón, director de Investigación Criminal, quienes anunciaron que se envió una diligencia de agentes del Ministerio Público a Guerrero, luego de que fueron halladas varias fosas con cuerpos humanos.
De acuerdo con las investigaciones recabadas, hasta ese momento se tenía detenidas a 30 peronas relacionadas con los hechos de violencia ocurridos en Iguala entre policías municipales y miembros de la delincuencia organizada, algunos como halcones y otros como gatilleros y, en ese sentido, el procurador guerrerense vinculó los ataques al grupo criminal Guerreros Unidos.
De tal suerte, dos semanas después, el 18 de octubre, se anunció el arresto de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, grupo criminal señalado por las autoridades como responsable de la desaparición de los normalistas.
Pero, con base en la declaración de este líder criminal, se logró establecer una línea de investigación en la cual se detectó que el grupo delictivo, que encabezaba Sidronio, había tejido una red de complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personas de seguridad municipal y, en el caso de Iguala, abarcaba desde autoridades municipales hasta la policía local.
El 22 de octubre, Jesús Murillo Karam declaró en conferencia de prensa que, con base en las declaraciones de Sidronio Casarrubias, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, era la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego, en complicidad con el alcalde y el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez. Da tal modo que, ante el peso de los hechos, se establecía formalmente que la autoría intelectual de las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa habría sido orquestada desde el propio gobierno de Iguala.
Al día siguiente, el entonces gobernador del Guerrero, Ángel Aguirre, tuvo que dejar el cargo, debido a la incapacidad para dar resultados, garantizar la paz y la seguridad y porque la sociedad despreciaba que el gobernador pudiera estar vinculado con los abominables hechos.
Según lo que dijo el gobernador, su renuncia se debió a que no quería afectar las investigaciones y porque su salida supuestamente serviría para favorecer el clima político y ayudaría a solucionar los conflictos generados por la desaparición de los 43 normalistas.
En el momento en que presentó su renuncia, aprovechó para culpar a gobierno federal, ya que supuestamente éste conocía los antecedentes del caso, porque la información se había compartido oficialmente al seno de la colaboración institucional con las fuerzas federales. Entonces, un par de días después, fue suplido por Rogelio Ortega quien, con el visto bueno del presidente Enrique Peña Nieto, aseguró que juntos harían lo posible por hallar la verdad y la justicia en este complicado caso.
El 28 de octubre, Murillo Karam anunció la detención de cuatro presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, de los cuales dos habían “cantado” haber participado en la desaparición de los 43 jóvenes, así como de que tenían información sobre el paradero de los normalistas.
EPN recibe a padres de normalistas; caen los Abarca
Afinales de octubre de 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto recibió a los padres de los normalistas desaparecidos, con quienes se comprometió a fortalecer su localización, así como apoyarlos. “Sí a la ley y no a la impunidad”, fue lo que les dijo. Fueron más de cinco horas las que duró el encuentro de los padres, hermanos, abogados, estudiantes normalistas y representantes de la sociedad civil relacionados en la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa con el primer mandatario.
Tras el encuentro, el presidente firmó un documento con diez acuerdos, entre los cuales se destacó que se fortalecerían los esfuerzos de localización con un plan renovado de búsqueda, así como la creación de una comisión mixta de seguimiento e información: “habremos de ir Al final de las investigaciones, a dar con los responsables, aplicar la ley tope donde tope".
A inicios de noviembre, la denominada "pareja imperial" fue sorprendida cuando dormía en su escondite, un cuarto de vecindad en el número 50 de la calle Cedros, en la colonia Tenorios, delegación Iztapalapa.
.jpg "ayotzinapa 6 años (7).jpg")
Con base en los trabajos de inteligencia realizados por un grupo de élite de la Policía Federal se dio con el paradero del ex edil de Iguala y su mujer, quienes se encontraban en calidad de prófugos.
Al tener la certeza de que se trataba de ellos, se implemento un operativo, tras el cual se logró la captura de los presuntos autores intelectuales de la ejecución y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
Cuando las fuerzas de la ley y el orden irrumpieron en el cuarto que rentaba la pareja, estos se entregaron sin oponer resistencia. Y tras colocarle las esposas, José Luis Abarca y María de los Ángeles pineda fueron sacados de la vecindad para ser trasladados a las oficinas de la Seido, en la colonia Guerrero, donde habrían de permanecer en tanto se realizaban las diligencias respecto a los crímenes que se les imputaban contra los jóvenes estudiantes, así como con su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Fueron calcinados en el basurero de Cocula
El rostro del procurador expresaba seriedad, cansancio, pero sobre todo, fastidio.
La conferencia de prensa se inició con estas palabras: “Han sido 33 días muy difíciles y dolorosos, sobre todo para quienes no saben el paradero de sus hijos, pero también, 33 días en los que no se ha dejado un día sin que haya habido una acción de búsqueda... con el propósito de encontrar a los desaparecidos, por parte del gobierno de la República”, expresó el funcionario federal, Jesús Murillo Karam, el 8 de noviembre del 2014, cuando dio a conocer los avances de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero.
La versión que presentó aquel día la PGR no parecía tener enredos: “los normalistas fueron levantados por policías de Iguala y Cocula y entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y calcinaron en un basurero, ubicado en un lugar conocido como Loma del Coyote.
La detención de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos fue fundamental en la investigación, dijo Murillo Karam, pues según su confesión, el día de los hechos, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, se contactó con él para informarle sobre los disturbios ocurridos en Iguala, situación que ambos atribuyeron a sus enemigos, Los Rojos, por lo cual, Casarrubias Salgado decidió “defender su territorio”.
El Cepillo recibió unos "paquetes"
El 26 de septiembre, El Gil ordenó a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, que se dirigiera a la Loma del Coyote, pues ahí, la policía le entregaría unos “paquetes”, en realidad era una clave que utilizaban para llamar a sus “enemigos” cuando los capturaban.
Al darse cita en el lugar referido, policías municipales le entregaron un grupo numeroso de estudiantes, a quienes subieron en dos camionetas y se trasladaron hasta la zona del basurero. Ahí, bajaron a los normalistas, ejecutaron a los vivos, otros, ya habían muerto por as- fixia, los demás se encontraban golpeados y amarrados de pies y manos.
Después, Rodríguez Salgado dio la orden a un sujeto de nombre Patricio Reyes Landa, El Pato, para que se quemara los cuerpos de los estudiantes y se asegurara de que nadie quedara vivo. De ese modo, fue como colocaron los cuerpos de las víctimas y prepararon una especie de plancha, con piedras, neumáticos, leña, botellas, cartón y les arrojaron diésel y gasolina para su incineración.
Al siguiente día, El Cepillo regresó al basurero por la tarde, cuando el fuego había reducido a cenizas a los normalistas e instruyó a El Pato para que, en bolsas negras de basura, recogieran las cenizas y las fueran a arrojar al cauce del río San Juan. Órdenes que llevaron a cabo una hora más tarde.
"Falta concretar las identidades"
En aquella conferencia del 8 de noviembre, los periodistas cuestionaron a Murillo Karam si en ese momento, por los restos óseos encontrados y los testimonios de los detenidos, se podía afirmar que se trataba de los 43 normalistas desaparecidos, a lo cual respondió: “Por las certezas de las evidencias y la reconstrucción de hechos tan clara, no tengo ninguna duda, de que ahí, se cometió un homicidio masivo, pero qué tengo que hacer ante esta certeza, tengo que identificar, hacer todo lo que esté en mis manos para poder saber que estos fueron los estudiantes... porque con indicios, el procurador no puede manejarse”.
El funcionario federal también informó que, a recomendación de los peritos forenses, los restos hallados serían enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para realizar una serie de pruebas mitocondriales y de terminar el ADN, pues debido a su extrema calcinación, se recurriría a los mejores laboratorios del mundo.
-ArchivoLaPrensa.jpg "ayotzinapa 6 años (4)-ArchivoLaPrensa.jpg")
Es ridícula la verdad histórica: padres
Fue un acto sencillo, doloroso, pero también significativo. Se cumplían siete meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y sus familiares volvieron a salir a las calles a exigir justicia. Pero esta vez fue especial a las anteriores.
En la intersección de las avenidas Juárez, Bucareli y Paseo de la Reforma, cavaron en el camellón para colocar una escultura con los caracteres, +43 y abajo la leyenda: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, la cual simboliza desde entonces, la proclama en torno a los normalistas de Ayotzinapa, pero también, honra a los muertos por la “Guerra Sucia” y los miles de fallecidos durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, impulsada por el expresidente Felipe Calderón.
En un acto, más que de rebeldía, los familiares volvieron a evocar a la memoria y la dignidad. A la memoria para recordarnos que la represión, intolerancia, corrupción y violencia no han terminado en el país. Que la clase política y las fuerzas de seguridad no son muy distintas a las de hace 50 años. En los años 60 y 70 las corporaciones policiacas hostigaban al pueblo, en estos tiempos, el narcotráfico ha sembrado el terror. En el caso de los normalistas, ambas fuerzas actuaron juntas, así que a pesar de todos los avances en nuestra democracia, el balance es negativo.
La violencia ha cobrado nuevas formas y lo único evidente es que nuestro sistema de justicia no es capaz de enfrentarla, no cuando 90% de los delitos en el país quedan impunes, porque la corrupción está instalada desde los cargos más altos de la función pública.
%20(1).jpg "derechos humanos ciudad CDHEM (1) (1).jpg")
Aquel día, los familiares salieron de nuevo con pancartas con los rostros de sus hijos, para que no se olviden, para hacerlos visibles ante todos, para recordarnos que aquellos muchachos eran como miles de otros que tenían sueños y les fueron truncados de la forma más vil. Para hacernos reflexionar que, si eso les ocurrió a ellos, el siguiente puede ser cualquiera de nosotros, porque en una sociedad en la que impera el terror desde las entrañas del Estado, nadie está seguro en ningún momento ni en ningún lugar.
Aquel día en la instalación del Antimonumento, como se le nombró a la escultura, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, declaró a los medios: “El responsable de esta atrocidad es el Estado, fue el Estado quien se los llevó, que no quepa la menor duda”. ¿Cómo rebatir sus palabras?
Disculpe las molestias que mi dignidad le cause
Se han cumplido ya seis años de la desaparición de los 43 normalistas. Seis años en que los padres de las víctimas no han claudicado en su petición de justicia. Porque ante tal herida y ante tal abismo de horror, ¿qué sería lo correcto, estimados lectores? ¿Quedarse callados, quietos, como si no se hubiese tratado de vidas humanas? Se trata de sus hijos. ¿Quién, en su sano juicio, podría vivir con semejante dolor? ¿Qué entraña se tendría que tener para no indignarse con un hecho como éste?
Aludo a la siguiente definición para referirme a los padres de los 43 normalistas: la palabra dignidad proviene del vocablo latino dignitas, que indica respeto, honorabilidad. La dignidad es la cualidad del digno, que significa valioso, merecedor, que posee una calidad humana irreprochable.
Eso es lo que aún no ha muerto en los padres de los 43 normalistas: la dignidad. A ella se suman la esperanza y la memoria y por eso las evocan cada vez que salen a protestar y a exigir justicia en las calles. Sin embargo, es triste decirlo, pero quizá nunca se esclarezca el agravio en su contra, porque eso implicaría que el gobierno acepté que se cometió un crimen de Estado y eso, ojalá me equivoque, no va a suceder. O quizá sí, pero dentro de 50 años, cuando los responsables ya no se encuentren en este mundo para recibir un castigo.
