En octubre del año pasado el Congreso mexiquense aprobó reformas al Código Penal para crear la llamada Ley Ingrid, en memoria de Ingrid Escamilla, quien perdió la vida a manos de su pareja en 2020 en la Ciudad de México, y cuyas imágenes de su cadáver fueron difundidas en redes sociales y medios de información. La Ley Ingrid establece sanciones de hasta 12 años de cárcel para quien difunda imágenes de cadáveres, pero esta legislación, como muchas otras de diversa índole, terminan rebasadas y siendo “letra muerta” frente a la dinámica en la que se mueve la sociedad. En teoría, la Ley Ingrid tendría que haberse aplicado a los responsables de haber filtrado el video en el que se observa el cadáver del titular de seguridad pública del municipio de Texcaltitlán, quien según versiones oficiales se suicidó en el momento en que iba a ser aprehendido como consecuencia de una orden de arresto. Las reformas que aprobó la Cámara de Diputados del Estado de México para crear la Ley Ingrid representaron modificaciones encaminadas a sancionar la exposición mediática de todo tipo de material audiovisual o fotográfico en el que se muestre a víctimas que pudiera formar parte de investigaciones de delitos. Los cambios al Código Penal de la entidad establecen sanciones por la difusión, entrega, publicación, transmisión, videograbación, reproducción, exposición y filmación. El castigo es contra responsables de ofertar, intercambiar o mostrar imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad del honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares. Las penas van, según la Ley Ingrid, de cuatro a ocho y hasta 12 años de prisión, así como la reparación integral del daño. Además, las sanciones están claramente establecidas si en la comisión de este delito participan personas servidoras públicas de salud, protección civil, seguridad pública, procuración y administración de justicia o cualquier otro inherente a la cadena de justicia. Detrás del video divulgado del jefe policiaco de Texcaltitlán hay todo un equipo de servidores públicos. ¿Quién filtró el video? A la letra se estipula que las sanciones serán para quienes, siendo servidores públicos, por su empleo cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos e instrumentos vinculados a un procedimiento penal o una investigación relacionada con un hecho delictivo. En este caso la Ley Ingrid simplemente no existe.
A RENGLÓN SEGUIDO
EL PRÓXIMO 7 de diciembre, alrededor de las 15:00 horas, la presidente municipal electa de Ecatepec, Azucena Cisneros, rendirá protesta como la primera alcaldesa en la historia de ese municipio. Se espera un evento masivo en la explanada local, la víspera del arranque de la nueva administración a partir del 1 de enero de 2025… CÓMO andarían las turbias maniobras en los Cusaem (Cuerpos de Servicios Auxiliares del Estado de México), corporación identificada durante años como la “caja chica” del gobierno mexiquense, que hasta el propio titular de la corporación, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, afirmó él mismo tenía esa percepción, la de ser la “alcancía escondida” de las autoridades estatales. Tajante, aseguró que ahora cada dos meses se transparentan los recursos y no son utilizados más que para proyectos de la institución y en beneficio del personal… SIN MOVERSE un sólo milímetro en la lista de los 100 municipios feminicidas a nivel nacional, Chalco se aferra a las malas cifras en materia de inseguridad y se mantiene en los primeros lugares por número de feminicidios. La localidad está clasificada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como territorio violento contra las mujeres, a pesar de los programas y acciones que dicen implementar las autoridades locales. Los datos oficiales advierten fracasos en las políticas del gobierno municipal.