Los recortes presupuestales en el sector salud bajo el argumento de la austeridad republicana y combate a la corrupción no han logrado convencer del todo a la sociedad mexicana, que tiene perfectamente claro que un país sano es un país próspero.
El combate a la corrupción es un valioso instrumento que, con una correcta implementación, permite el uso eficaz de los recursos, aligera cargas administrativas y burocráticas, mejora la prestación de servicios, así como los sistemas de compras para el abasto oportuno y a menores costos de medicamentos e insumos para la salud.
Legisladores de oposición, líderes del sector empresarial y representantes de organizaciones sociales y de pacientes han manifestado un apoyo unánime a la estrategia de combate a la corrupción y austeridad del actual gobierno, pero advierten que cumplir este objetivo no debe traducirse en un elevado costo para la población, sobre todo para los sectores más desprotegidos.
La Organización Mundial de la Salud(OMS) recomienda que el dinero que las familias destinan para la atención médica no debe rebasar el 20% del gasto de bolsillo; sin embargo, en México, datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) advierten que este porcentaje se eleva hasta el 45%; es decir, más del doble de lo recomendando por la OMS.
Este gasto tiene severas implicaciones socioeconómicas para las familias, sobre todo para los sectores más vulnerables, ya que apenas el 7% de la población mexicana cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, de acuerdo a datos de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Senadores y diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano solicitaron desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a las secretarías de Salud y de Hacienda un informe detallado de los recortes presupuestales, el desabasto de medicamentos y el despido de personal, pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta.
Denunciaron que restricción presupuesta por más de 2,300 millones de pesos ha provocado afectaciones en al menos 20 entidades del país, como desabasto de medicamentos, reducción hasta del 30% del personal de salud, carencia de pagos a pasantes y residentes médicos, así como negativas de pago de prestaciones como incapacidades o vacaciones, entre otros.
De acuerdo con datos de la OCDE, México se ubica entre las naciones donde el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las retenciones por seguridad social representaron para los trabajadores un alto porcentaje de sus ingresos, pero lamentablemente esto no se ha traducido a una mejor prestación de servicios.
