Para nadie es ajena la animadversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hacia periodistas y medios de comunicación críticos.
Durante todo su mandato, siempre ha sostenido una abierta confrontación con informadores que cuestionan su administración.
El principal motivo de terror a la libertad de expresión, es exhibir la corrupción de familiares y cercanos al político de Tabasco.
Y eso no es de ahora, inició desde la época en que López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Fueron polémicos los videoescándalos, donde René Bejarano, su secretario particular, fue exhibido recibiendo fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada.
También fue objeto de esos videos, Carlos Ímaz, esposo en ese entonces de Claudia Sheinbaum, secretaria de Medio Ambiente de la administración obradorista.
Gustavo Ponce, el secretario de Finanzas fue descubierto apostando en uno de los casinos de mayor influencia en Las Vegas.
El periodismo está obligado a exhibir las debilidades, abusos y corruptelas de los poderosos. El actual gobierno no podría haber sido la excepción.
Los hijos del Presidente son los que se han encontrado en el ojo del huracán por señalamientos de tráfico de influencias y otras tantas triquiñuelas.
En mayor medida el periodista Carlos Loret de Mola y Brozo (Víctor Trujillo), han exhibido y criticado los elevados niveles de corrupción entre la clase política morenista.
A la vista están y gozan de privilegios y libertad, actores fundamentales en hechos relacionados con malos manejos de dinero.
Por ejemplo, Ignacio Ovalle, trabaja en el gobierno, luego del desfalco de 15 mil millones de pesos en Selgalmex.
Ninguna investigación y mucho menos hay responsables de las denuncias del financiamiento de campañas políticas por el narcotráfico.
Rocío Nalhe, gobernadora electa de Veracruz triunfó en las elecciones a pesar de las múltiples denuncias como propietaria de casas, terrenos y departamentos.
Mucho menos hubo acción alguna por las 23 casas de Manuel Bartlett Díaz o las empresas o contratos de su hijo.
Tampoco se ha emprendido acción legal alguna contra Ana Gabriela Guevara por las acusaciones y manos manejos que le han señalado deportistas.
Son inexistentes las investigaciones en contra de los hijos del Presidente, ya sea por la Casa Gris o bien el tráfico de influencias, según todo lo difundido.
La futura Presidenta tiene mucho te donde cortar. No necesita voltear al pasado.
Con sólo limpiar la casa pondría el ejemplo para hacer un mejor gobierno que el actual.
Pero está visto que al presente régimen le aterra la crítica y por ende la libertad de expresión. Así es como se explica la persecución y sistemáticos ataques al periodismo.
PROSPECCIÓN… El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) publicó el acuerdo con las reglas de la Comisión Especial para la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia de medios de impugnación contra la validez de la elección presidencial. Entre otras cosas, destaca la transparencia y máxima publicidad en la celebración de audiencias públicas de alegatos por primera vez. Además, habrá un proceso de audiencia de desahogo de pruebas ofrecidas por las partes que presentaron las impugnaciones y, con ello, la ciudadanía podrá acceder a la información. Asimismo, el Tribunal Electoral hará una invitación pública a la ciudadanía en general y a las instituciones académicas o con labor relacionada con democracia y elecciones, para que comparezcan ante la Comisión como amigos de la Corte, con la finalidad de que presenten conocimientos técnicos o jurídicos sobre la materia de los medios de impugnación. El Tribunal Electoral tiene como fecha límite el seis de septiembre para emitir la declaración final de validez de la elección y la de presidenta electa.
X: @JoelSaucedo
