En prácticamente todos los gobiernos existen tentaciones para reformar el Poder Judicial.
Siempre está latente la intención de impulsar reformas a conveniencia de tal o cual administración.
Lo que sucede en menor medida con los otros dos poderes, el Legislativo o el Ejecutivo.
Este gobierno ha sido insistente en pisotear a los poderes que le estorban para sus aviesas intenciones.
De manera particular, Andrés Manuel López Obrador se ha ensañado con sus poderes que le hacen contrapeso.
Al Legislativo lo ha doblegado a través de las mayorías que ha conseguido, junto con sus aliados.
Incluso en contra de los legisladores, distintos actores del Ejecutivo, pugnan por quitarle a las minorías los espacios plurinominales.
Adicionalmente, empujan acabar con la reelección de diputados y senadores, un derecho ganado por la oposición donde Morena y sus dirigentes se ubicaban hace algunos años.
Si el gobierno de López Obrador busca una verdadera transformación, falta que impulse reformas al Ejecutivo. Pero eso no ha pasado por su mente.
En los hechos, el Poder Ejecutivo acumula facultades por demás en exceso, nada comparadas con el Legislativo y Judicial.
A López Obrador para nada la importa la profesionalización de la Carrera Judicial, cuya ley se creó en 2021, es decir, durante la primera parte de su mandato.
Dicha ley establece que un juez o magistrado sólo podrá acceder al cargo mediante concursos abiertos o internos de oposición.
Lo que está pendiente y merece atención es la perspectiva de género en los órganos del Poder Judicial.
En las reformas de 2019 y 2021, se pusieron en marcha diversas acciones para promover la paridad de género en la carrera judicial.
La meta a largo plazo consistía en contar con 432 magistradas e igual número de magistrados, así como 291 juezas e igual cantidad de jueces.
Sin embargo, a la fecha se han nombrado 194 mujeres juezas y 359 magistradas en el Consejo de la Judicatura Federal.
Están pendientes de designar 73 magistradas y 97 juezas para alcanzar la paridad de género.
En la Cámara de Diputados, ha avanzado la paridad, al igual que en el Senado de la República.
Y no es nada nuevo que la Constitución le otorgue facultades metaconstitucionales al Presidente de la República.
Es así como se explica el abuso en que ha incurrido, al pasar por encima de los demás poderes.
En consecuencia, el Ejecutivo también requiere reformarse para ponerle freno a sus excesos y abusos.
PROSPECCIÓN… Empezaron en la UNAM los foros de análisis de la reforma al Poder Judicial y al encabezar la inauguración de esos trabajos, el rector Leonardo Lomelí, reiteró el compromiso de la Universidad Nacional con la justicia y el bienestar de nuestro país. Dijo que los cuatro días de discusión son una prueba de la responsabilidad social para contribuir a crear una nueva ruta de desarrollo más justa, igualitaria, sostenible y equitativa. Además -dijo el rector-, una reforma constitucional de ese calado debe considerar la independencia judicial y la división de poderes.
X: @JoelSaucedo
