El 7 de noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destituyó del cargo al entonces delegado en Venustiano Carranza, Ciudad de México, Israel Moreno Rivera.
La determinación obedeció a que Moreno Rivera incumplió la sentencia de amparo dictada el 29 de septiembre de ese año por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México.
El juzgador ordenó cumplir un laudo emitido por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el 23 de enero de 2013.
La resolución ordenaba expedir a cuatro quejosos los nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo.
Ese día y el siguiente 8 de noviembre, el hecho fue del mayor impacto mediático. Incluso, la síntesis de Comunicación Social abarcó mil 500 fojas.
La mañana del 8 de noviembre, en plática con reporteros de esta casa editorial, el entonces ministro José Ramón Cossío se mostró sorprendido por la cobertura informativa.
Refirió que el máximo tribunal ya había destituido a algunos otros gobernantes, pero el caso de Moreno Rivera, fue muy llamativo para los medios de comunicación.
Precisamente ayer, en Grupo Fórmula, Cossío no se anduvo por las ramas y fue directo.
“Los diputados, senadores, la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum), podrían ser destituidos si no acatan la resolución de la Corte”, advirtió el ex ministro.
De manera particular, se refirió al proyecto del ministro Luis González Alcántara Carrancá que pretende invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial.
Más claro: en caso de la que la Suprema Corte vote a favor de invalidar parcialmente la reforma y la presidenta decida no acatar la resolución, los ministros podrían destituir y someter a proceso a la titular del Poder Ejecutivo.
“Con base en la fracción 16, del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia, en este caso el Ejecutivo y al Legislativo”, argumentó al ex ministro.
Lo que se observa es una sistemática escalada en contra de los integrantes del Poder Judicial.
Más allá de las implicaciones legales que correspondan a cada una de las partes, la confrontación ha alcanzado niveles críticos, que han orillado a los ministros a renunciar a partir de agosto de 2025.
PROSPECCIÓN… Con la mayoría calificada de 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política. Previamente, en votación económica y por separado, el pleno de San Lázaro desechó tres mociones suspensivas presentadas por las diputadas Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) y Laura Iraís Ballesteros Mancilla (MC), y por el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI), quienes planteaban detener la discusión y votación del dictamen, pues argumentaron que se violentó el proceso legislativo.
X: @JoelSaucedo
