Los hechos de violencia en Culiacán, Sinaloa, desde hace prácticamente un mes, prendieron las alertas rojas en el gobierno federal.
Ello porque es evidente el ambiente de ingobernabilidad que priva, ante la impotencia del gobernador Rubén Rocha Moya para enfrentar la situación.
Rocha Moya se metió en un grave problema, a raíz de la detención el Ismael El Mayo Zambada.
El pasado fin de semana, la revista Proceso en su edición online, difundió información de alto calibre.
Señaló que órganos de inteligencia del gobierno federal, vigilan los pasos del mandatario estatal.
Dan cuenta de que Rocha Moya tomó partido por la facción de Los Chapitos, lo que ha extremado las medidas de seguridad en su entorno.
Con base en información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y de los servicios de inteligencia militar, hay un fuerte “nerviosismo” por parte del gobernador de la entidad.
Incluso tienen registro de que Rocha Moya pernocta en el tercer piso de la Unidad Administrativa, es decir en donde despacha como mandatario.
Más aún él y su familia reciben protección de la Guardia Nacional y de la Marina. Dicho operativo incluye francotiradores y el uso de camionetas blindadas.
La conclusión es que su vida está en riesgo desde que El Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos.
A partir de entonces se desataron cruentos enfrentamientos entre los Chapitos y Mayitos.
“Hay muchos que quieren que me muera, pero pues ese no es un problema de gusto, de tal o cual; y la responsabilidad nuestra hay que asumirla con todos los riesgos”, publicó Proceso citando palabras de Rocha Moya.
Los enfrentamientos entre las dos facciones de El Cártel de Sinaloa, han causado severos daños a la economía de la entidad.
De hecho, se estiman pérdidas diarias de 500 millones de pesos, lo que sumaría al menos daños por 15 mil millones de pesos, en estos días.
Desde el inicio de la crisis, el mandatario recibió el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, secundado por la hoy ya presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero fue precisamente este fin de semana que la presidenta decidió entrar al tema mediante un encuentro de Rocha Moya, con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Del encuentro dio cuenta el gobierno de Sinaloa en su sitio web oficial, a través de un detallado boletín informativo.
Eso es lo que sucede en la convulsa entidad, y donde la incertidumbre priva en torno al mandatario estatal.
Tal parece que el agua le está llegando al cuello.
PROSPECCIÓN…A este espacio llegó una denuncia de taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quienes exhibieron la pretensión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de legalizar la operación de vehículos de aplicaciones Uber y DIDI. Mediante un escrito revelaron el contubernio entre dichas empresas y autoridades del AICM: “hay una carga de corrupción y tráfico de influencias que apesta a podrido”. En esa trama, mencionaron al contralmirante José Ramón Rivera Parga, quien designó al capitán de fragata, Raúl Enrique Aguilar López, subdirector de Terminal y a la teniente de fragata, Mariana Núñez Olivares, Gerente de lo Contencioso, para “coordinar el tema”, siempre “en estricto apego a las leyes vigentes”. Aseguraron que los altos funcionarios “presionan a los taxistas autorizados para que acepten sin reservas la incorporación de los taxis de aplicación, deslizando ofertas económicas y aparentes beneficios de parte de esas poderosas empresas”. Sin embargo, los trabajadores del volante, al negarse a esas presiones, los altos funcionarios del AICM han escalado las amenazas de rescindir contratos, de revocar los permisos de la SICT, de despojarlos de las taquillas al interior de la terminal aérea y obstaculizar su operación como taxistas autorizados. Asimismo, denunciaron que las empresas de aplicación “compraron voluntades” entregando como “regalo” 40 vehículos. Sin duda que se trata de un caso a ser considerado por los nuevos titulares de Marina y Comunicaciones y Transportes.
X: @JoelSaucedo
