Por Marinieves García-Manzano
El 7 de marzo fue presentada ante el Congreso de Estados Unidos una iniciativa de ley conocida como Restrict Act que le permitiría al Departamento de Comercio revisar y bloquear transacciones y comunicaciones realizadas por medio de tecnologías de la información como Apps, herramientas de inteligencia artificial y servicios de comercio electrónico provenientes de empresas públicas o privadas de China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela, con lo que el gobierno podría prohibir o forzar la venta de software o equipos provenientes de dichos países.
El principal foco de atención está puesto sobre TikTok, App propiedad de la empresa privada de origen chino ByteDance que cuenta con más de 150 millones de usuarios en EEUU, y sobre la que la historia comienza en 2020 cuando Trump emitió una ley para prohibir tanto su descarga y uso en los dispositivos del gobierno federal, como la compra de cualquier dispositivo que la hubiera tenido instalada.
Hace unos días fue llamado a declarar en una ruda sesión ante el Congreso el CEO de TikTok, Shau Chew, pues los congresistas no creen que TikTok “abrace los valores americanos de libertad, derechos humanos e innovación”. Su temor es que el Partido Comunista Chino pudiera presionar a ByteDance para para que le entregue datos personales de los usuarios y utilizar su algoritmo para manipular a los americanos y difundir desinformación y propaganda. Shau respondió reiteradamente que nunca ha sido presionado por el gobierno chino y declaró que “no hay ninguna prueba de que el gobierno chino tenga acceso a los datos y nunca me los ha pedido”, proponiendo trasladar los datos a EEUU “para que sean almacenados por una empresa estadounidense supervisada por personal estadounidense”.
Más allá de que este temor sobre TikTok pudiera ser cierto, esta iniciativa ha generado muchos cuestionamientos pues le daría poder al gobierno para censurar contenidos y prohibir aplicaciones y servicios, incluyendo el acceso a través de conexiones VPN privadas que permiten ocultar la dirección IPN del usuario y que son utilizadas por muchas empresas e instituciones para garantizar la seguridad de los datos que transmiten por internet. Aunque la ley en principio no se aplicará contra los ciudadanos, sí contempla multas y sanciones administrativas para las empresas que incumplan.
También pondría en riesgo a Telegram, fundada por los hermanos rusos Pavel y Nokolai Durov en 2013; y según algunos abogados y expertos, de aprobarse la ley podría ser usada por el gobierno para bloquear transacciones en criptomonedas, pudiendo llegar a prohibir el acceso de los estadounidenses a Bitcoin.
Reino Unido y Nueva Zelanda se han sumado a la intención estadounidense de prohibir TikTok, por lo que el vocero del Ministerio del Exterior chino llamó a los gobiernos a “reconocer los hechos objetivos, respetar efectivamente la economía de mercado” y promover un ambiente no discriminatorio para todas las empresas, independientemente de su nacionalidad.
Twitter: MarinievesGM @gm_marinieves
