En el Estado de México las operaciones conjuntas de la SSPC, de Omar García Harfuch, con sus aliados Semar, Sedena y Guardia Nacional puso a siete funcionarios públicos en la calle, falta ver si la FGR los puede mantener ahí, se supone que el golpe va contra los siguientes grupos delictivos y sus derivaciones: La Familia Michoacana, CJNG, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti Unión Tepito. Todos ellos con operación en la CDMX y que usaban al Estado de México como refugio y eran protegidos por autoridades municipales de Amanalco, Tonatico, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan y Texcaltitlán. Van tras otros seis que andan buscando según sabemos, pero en medio de toda esta narrativa estamos dejando de lado dos detenciones que son verdaderamente importantes: La del El Cholo Palacios, jefe de plaza de Guerreros Unidos, detenido en Nuevo Copaltepec, Tlatlaya, Estado de México.
Se dice que El Cholo Palacios estaba a punto de fugarse junto con su familia a Estados Unidos. El Cholo entre 2013 y 2014 era el jefe de plaza en Taxco de Alarcón, Huitzuco de los Figueroa y Tepecoacuilco, Guerrero, donde lideró operaciones de secuestro, cobro de cuotas y la desaparición de al menos ocho personas en el municipio de Cocula y era enlace con Francisco Salgado y El Cabo Gil que fue quien lo vinculó a los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, según sus declaraciones a las autoridades fue responsable de la emboscada al autobús de “Los Avispones” y de agresiones contra vehículos particulares y taxis en el crucero de Santa Teresa. Era el capo que, en 2022, controlaba con mucha violencia el corredor de la carretera Xalitla-San Juan Tetelcingo, Guerrero, en donde amenazaba a sus rivales con mensajes firmados por su sobrenombre.
El reciente secuestro de una ex integrante de un reality show en la carretera México-Cuernavaca refleja la preocupante falta de seguridad en este tramo, una situación que residentes de la CDMX y Morelos han denunciado reiteradamente. Este panorama resulta alarmante ante el próximo puente vacacional de fin de año, especialmente en un contexto donde se busca reactivar Guerrero tras los estragos de los huracanes Otis y John. Nos cuentan que ni Margarita González Saravia ni Clara Brugada han tomado medidas concretas, a pesar de las constantes solicitudes de apoyo por parte de vecinos de Tlalpan y Huitzilac, quienes han elevado su voz desde administraciones pasadas. Entre los reportes más inquietantes están los relatos de personas que usan llamadas de auxilio como señuelo para emboscar a quienes se detienen a ayudar, así como la supuesta presencia de vehículos con torretas similares a las de patrullas que asaltan a conductores durante la noche. Parece que, ante esta situación, las autoridades podrían estar dejando a los vacacionistas con una sola opción: quedarse en casa.
A pesar de que la extorsión es uno de los principales delitos cometidos en el país, también es uno de los menos denunciados, pues se estima que por cada 100 casos, sólo dos se abre una carpeta de investigación, según un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD). De acuerdo con el documento “Propuestas para tipificar la extorsión como delito grave”, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, las principales modalidades de extorsión son el cobro de piso y los engaños y amenazas vía telefónica. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se reportaron 10,337 denuncias por el delito de extorsión, cifra similar a la de 2022 (10,343).
Vaya que Alejandro Svarch tiene mucho por resolver como encargado del IMSS-Bienestar, donde hay más de un signo de insolvencia monetaria, sobre todo al voltear a ver a las proveedoras de seguridad, alimentos y limpieza que están a punto de coordinarse a fin de parar actividades en la semana que comienza. ¿El motivo? Los cinco meses que han financiado al Instituto sin que lo hayan aceptado; los adeudos son tan severos que se estiman afectaciones para unas 20 mil familias, dependientes de Drog-ba, Pryse Seguridad Privada y Lamap, cuyos representantes incluso han enfrentado impedimentos para acceder a las instalaciones en la calle Gustavo E. Campa, en la alcaldía Álvaro Obregón, para requerir su pago. Mientras los encargados de la administración le echan la culpa a la SHCP y aluden un “ambiente controlado”, las firmas se ven contra las cuerdas como resultado de la falta de cumplimiento de los tiempos contractuales.
PD: Pese a todo, la reactivación turística de Acapulco avanza con fuerza este fin de semana, al alcanzar una ocupación hotelera del 67% en promedio y un 78% en la Zona Dorada, impulsada por la visita de más de 4 mil estudiantes y eventos culturales, deportivos y artísticos.
