Para la Coparmex la aprobación de la nueva prisión preventiva oficiosa es un retroceso en la protección de los derechos humanos porque amplía el catálogo de delitos graves que la ameritan y piden que el Senado reconsidere la reforma aprobada por los diputados para respetar la convención internacional que establece la primacía de los derechos humanos ya que tiene la responsabilidad de garantizar que la legislación mexicana no contravenga los estándares internacionales y no vulnere los derechos de las personas. A pesar de las modificaciones de última hora eliminando delitos como narcomenudeo y defraudación fiscal, la inclusión de delitos como la extorsión, actividades relacionadas con el fentanilo y otros delitos fiscales son una amenaza contra la presunción de inocencia que no puede ser sustituido por medidas que lo vulneren sin una sentencia condenatoria previa. El sindicato patronal considera que es una privación de libertad anticipada, sin una debida justificación legal, y bajo el riesgo de que personas inocentes sean detenidas sin que se haya demostrado su culpabilidad en un juicio justo.
La Coparmex dice que la prisión preventiva oficiosa debe ser aplicada únicamente bajo criterios estrictos de excepcionalidad y solo justificadamente porque la reforma aprobada amplía un mecanismo que no garantiza justicia, favorece la arbitrariedad y promueve la criminalización preventiva en un sistema de justicia penal débil con insuficiencia de recursos y capacitación en las fiscalías y cuerpos policiales. Insisten en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su sentencia del Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, la CIDH ordenó al Estado mexicano eliminar esta figura jurídica, dado su impacto negativo sobre las garantías fundamentales. Esta sentencia es clara: la prisión preventiva oficiosa no puede ser aplicada sin un juicio que determine la culpabilidad del acusado.
Nos informan que la actuación de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en contra del cartel inmobiliario no quedará en promesa de campaña, sino que se traducirá en acciones concretas para frenar la construcción ilegal de edificios y centros comerciales que desde la administración de Miguel Ángel Mancera se aprobaron sin uso de suelo, mediante la aprobación ilegal de polígonos de actuación que afectaron a la ciudadanía ya que por medio de relotificación o relocalización de usos de suelo y destino se usaron en zonas no permitidas y en eso es donde Brugada meterá orden precisamente. Ya hay alertas importantes, ya que algunas inmobiliarias compraron derechos al. Fideicomiso del Centro Histórico para poder transferir potencialidades de construcción a zonas en donde no pueden hacer edificios de más de tres niveles de altura y que sí se pueden realizar en el primer cuadro.
Desde el mismísimo palacio de gobierno en Toluca Estado de México, nos cuentan que detrás de la campaña de desinformación contra la Cuarta Transformación en dicha entidad, estarían algunos proveedores de servicios de administraciones pasadas, que al perder licitaciones por los altos estándares de transparencia y calidad que ahora se manejan, habrían recurrido a financiar a una campaña mediática, difundiendo información falsa. El problema es que desde Comunicación Social hasta la oficina de la propia gobernadora, se han hecho más que evidentes sus intenciones tratando de afectar el buen gobierno. Y nos dicen que su objetivo, sería desprestigiar los avances logrados en materia de licitaciones justas y transparentes, algo que los propios mexiquenses agradecen, ya los tiempos son otros.
Las placas vehiculares entregadas al Edomex, de Delfina Gómez, han recibido cualquier cantidad de críticas debido a su dudosa calidad. Y es que a pocas semanas de uso, estas han presentado problemas como desvanecimiento de pintura y desprendimiento de la capa protectora por lo que expertos en el ramo afirman que estas no estarían cumpliendo con la NOM-001-SCT-2-2016, que exige aluminio 5005-H14. En lugar de eso, se utilizó un aluminio 5005-H12, un material considerablemente más frágil y maleable, con una resistencia y durabilidad inferiores. La firma Placas y Señalamientos Mexicanos fue la encargada de la fabricación de 3 millones 99 mil 900 juegos de placas con calcomanía, ya ha tenido problemas similares en otras entidades como Querétaro, Veracruz y Tamaulipas.
PD: Desde Hermosillo, nos cuentan que al parecer al gobierno del alcalde Antonio Astiazarán se le viene una bomba encima y que sería dada a conocer esta semana porque se dice que hay un sobrecosto de unidades en autobuses que buscan adquirir para transporte público.
