En los pasillos y sótanos de Morena se corre una historia en torno a la alcaldía Cuauhtémoc: Se dice que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la jefa de Gobierno electa no están del todo enojados con que Caty Monreal no sea la alcalde, de hecho, estarían tranquilos si la demarcación queda en manos de la oposición, más aún se dice que hay varios políticos de primer nivel que le estarían jugando las contras y operando, sin pretender hacerlo, del lado de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo. Los morenistas radicales del partido nos dicen que la candidata de la oposición habría contado con el apoyo de personajes de primer nivel y gran influencia en la zona del Centro Histórico con las organizaciones locales y sus dirigentes. Por ejemplo, este grupo de morenistas quieren que se revise la actuación partidaria de personajes como Néstor Nuñez, Temístocles Villanueva y Dunia Ludlow, incluso de Donají Alba. Todos ellos vinculados a los grupos de poder en la alcaldía ¿Alguien sabe en qué campaña participaron activamente a quién le ayudaron en realidad? Los morenistas nos explican que hay una operación política y legal de gran envergadura que no proviene de la oposición y pues la pregunta real es ¿Quién es el verdadero inconforme de la anulación? ¿Quién cabildeó las impugnaciones ante el tribunal electoral? Caty Monreal, nos dicen, tiene espacios que escoger tanto en la administración federal como en la local. Por cierto, no hay que dejar de notar un hecho muy curioso después de amenazar en redes a los magistrados electorales, ahora Alessandra presume el apoyo del presidente López Obrador.
El Congreso de Estados Unidos quiere que Katherine Tai, su embajadora y representante comercial le conteste cinco preguntas que tienen a sus empresas y negocios con intereses en México en vilo, resumen quieren saber los siguiente: ¿Cuál es la posición de la administración Biden-Harris sobre las reformas constitucionales propuestas relacionadas con energía, minería, maíz modificado, agencias reguladoras autónomas y l reforma judicial?; ¿Cuál es el impacto que tendrían en empresas e inversores estadounidenses?; ¿Cómo alinearían estas reformas con las obligaciones de México en el T-MEC?; ¿De qué manera la USTR trabaja con los interesados para defender sus intereses y con el gobierno de México; ¿Cuál es la estrategia a largo plazo para proteger marcos regulatorios confiables e imparciales y el acceso al mercado para? La posición de los congresistas, dicen, es de reconocer el derecho soberano de actualizar su constitución, pero muchas de las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial. Y eso, señores, no le gusta a nadie.
Pues la cifra final del fraude de Segalmex, según el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, comprobado asciende a 2 mil 700 millones de pesos, 28% de los 9 mil 500 millones observados en las cuentas públicas de 2019 y 2020. De hecho, dice, 4 mil 700 millones, casi 50%, fueron aclarados y solventados y otros 2 mil 100 millones, 22% está en análisis para su acreditación, y 2 mil 700 millones, 28%, no se aclararon y por esos sí se presentaron las denuncias penales en la FGR.
Las denuncias de intentos de sobornos, dádivas y presión a los senadores de la oposición, han comenzado a salir. Nos cuentan que la continuidad de la transformación va con todo para que en el senado, los votos que hacen falta los obtengan antes del domingo cuando quieren que las comisiones dictaminen la reforma al poder judicial. El ambiente se encuentra no solo polarizado, sino además, muy revuelto, puesto que nos han dicho, hay senadores de las bancadas de Morena, PT y PVEM que no están de acuerdo con toda la reforma, pero que deben votar. La oposición ve la luz al final del túnel, salga o no en el senado, el tema se encuentra en recta final.
Desde Morelos nos platican que tras la presentación del gabinete de la gobernadora electa Margarita González, los morelenses se quedaron con la sensación de que no los conocen. Nos confían que la nueva gobernadora viene con mucho apoyo, no solo del gobierno federal sino también de los propios grupos políticos locales que se encuentran hartos seis años de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien no hizo mucho por la entidad, así que si bien no le dan un cheque en blanco a la gobernadora González Saravia, al menos si le dan un voto de confianza.
