El deterioro moral y espiritual de una persona, de la sociedad y del gobierno es “creer que lo extraordinario de la violencia y muerte en México”, es lo normal y que debemos acostumbrarnos.
Cómo país merecemos un mejor presente y un futuro que no sea contar 90 muertos todos los días, producto de la violencia y la guerra de los grupos delincuenciales. La normalidad sería construir acuerdos para la reconciliación nacional.
Hasta ahora el ambiente social está polarizado por una guerra entre los políticos oficialistas con jueces, ministros y magistrados por la reforma judicial; el gobierno de Morena atiza el fuego al juicio a Jenaro García Luna y a la guerra de Felipe Calderón y, no tiene una propuesta que siente las bases para un diálogo nacional por la paz.
Al equipo de actores políticos que va a encabezar Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch falta sumarle el brazo operativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los
Miembros del Poder Judicial (jueves, ministros y magistrados) para que haya una política integral de acompañamiento a las organizaciones sociales que trabajan por la justicia, en contra de la ilegalidad y en favor de las Madres Buscadoras.
El diagnóstico sobre la realidad de la violencia e inseguridad en México, no es alentador y los expertos estiman que si hoy cambiara la política pública del actual gobierno para enfrentar las las causas y estragos, tardaríamos al menos tres años.
Datos del Instituto para la Economía y la Paz Global revelan que:
-México se ubica en el sitio 138, de 163 lugares, del Índice de 2024.
-Los países más seguros son Islandia, Irlanda, Austria, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza (1.35), Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Malasia.
-México solo está por encima de Yemen, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán, Ucrania, República Democrática del Congo y Rusia.
En América Latina nos ganan en el tema de paz Costa Rica, Trinidad y Tobago, y Jamaica; pero estamos mejor que Venezuela, Haití y Colombia.
Ya sabemos que la política de “abrazos y no balazos” fue un desastre para México, por ello llegamos a las 116,000 personas desaparecidas y 72,000 cuerpos sin identificar en el país.
Guanajuato, dice el investigador Fabrizio Lorusso, es un estado cementerio: en los últimos 6 años las desapariciones crecieron de 600 a 4,000 personas, sin considerar la cifra negra de quienes no denuncian por miedo, represalias delincuenciales o desconfianza en la autoridad.
Documenta este investigador: de 2009- junio de 2024 hasta se registraron en esa entidad 660 hallazgos de fosas clandestinas con más de 1,200 cuerpos o restos individualizados en más de 30 municipios, particularmente a lo largo del corredor industrial, el Puerto Interior y la región Laja-Bajío.
Ese estado es de los más inseguros, pero no está peor que Sinaloa, Chiapas, Zacatecas, Colima y Morelos. El país es un cementerio de fosas clandestinas y un Valle de Lagrimas que busca enterrar a sus muertos en paz.
Si el nuevo gobierno no desea seguir el camino de muerte de las administraciones pasada debe convocar a un diálogo nacional donde quepamos todos, y todos es todos: partidos, sociedad civil, iglesias, académicos, empresarios y luchadores de derechos humanos.
Urge urge pero urge ya que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum muestre su voluntad política para reactivar la Comisión Nacional de Búsqueda; los nuevos gobiernos estatales deben presionar para que los fiscales trabajen en serio para investigar los casos de desaparecidos, sobre todo los feminicidios. Los Congresistas de todos los colores deben facilitar los recursos y disposiciones legales para terminar con este flagelo antes de que México sea una tierra donde gane el crimen sobre las instituciones.
No podemos permitir, no debemos aceptar que estamos condenados a perder 70, 80 o 90 mexicanos cada día. El gobierno, la sociedad y cada uno debemos parar esta sangría. Rechazo que esta sea la normalidad en la que debemos vivir.
Avisos Parroquiales
Clara Luz Flores Carrales será la nueva directora de la Dirección General de Asociaciones Religiosas del Gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Los obispos mexicanos ven con beneplácito a esta abogada regia que dejó el congreso de Nuevo León para aceptar este reto de crear condiciones de diálogo por la paz con todas las expresiones religiosas.
