/ martes 17 de septiembre de 2024

Paz y Reconciliación / Chiapas y Sinaloa, un infierno viviente del crimen organizado

“La peregrinación por la paz no es solo un acto simbólico, es una exigencia de justicia para los que han sido masacrados, extorsionados o desplazados por la violencia de los grupos criminales”, denuncian los obispos de Chiapas, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro.

Cerca de 10,000 personas de las diócesis de Tuxtla, San Cristóbal y Tapachula se congregaron en el Santuario Juan Pablo II, para exigir al gobierno parar el exterminio de indígenas que realiza el crimen organizado en la frontera entre México y Guatemala.

“Dejen la indolencia e indiferencia y atiendan de manera integral a las personas para que retornen a sus comunidades”, denunció Gilberto Hernández García, director de Cáritas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, tiene documentado el desplazamiento forzado por más de tres décadas en Chiapas. Primero se debió a motivos religiosos, luego al conflicto armado y en este momento, por el crimen organizado. En los últimos años se estima que en Los Altos de Chiapas hay más de 15,000 personas desplazadas.

Los obispos de Chiapas denuncian que la violencia es originada en gran parte por la disputa de territorios entre cárteles, ha provocado desplazamientos masivos afectando a estos municipios: Frontera Comalapa, Chicomuselo, Bella Vista, Siltepec, Amatenango de la Frontera, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Motozintla, Ángel Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo, Villaflores, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Benemérito, Frontera Corozal y Palestina del municipio de Ocosingo, Tila, Altamirano, Oxchuc, Pantelhó y Chenalhó.

Los obispos denuncian que los megaproyectos, como la minería, extracción de petróleo, construcción de supercarreteras y la privatización del agua, entre otros, están vaciando comunidades enteras bajo el pretexto del desarrollo, favoreciendo además el tráfico ilícito de migrantes, drogas y armas.


Culiacán, un polvorín

A 15 días de dejar el cargo, el presidente de la República y su gobierno poco están haciendo para meter en cintura a los dos cárteles del crimen organizado, a raíz del secuestro y envío a Estados Unidos del Mayo Zambada.

A una semana de la violencia desbordada y ante la inacción del gobernador Rubén Rocha Moya, el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, hizo un llamado a las autoridades: “No abandonen a la población a su suerte; hagan presencia y acompañen al pueblo que se les ha confiado”. Y lamentó que en la semana “hemos estado sufriendo el miedo por la detención de personas, robo y quema de automóviles y algunas muertes, y ante el aviso de que estos hechos continuarán en los siguientes días”.

El Obispo confirmó que las celebraciones eucarísticas continuarán con normalidaden todas las parroquias. Además, se llevarán a cabo horas santas especiales para pedir por La Paz y el cese de la violencia.

Otro obispo, el de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda, informó de una reunión a la que asistió en Panamá, donde representantes de los Episcopados de México, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y otros países, unificaron criterios para atender el fenómeno migratorio. Este mismo jerarca de la Iglesia Católica dijo que también sostuvo una reunión con los obispos de Texas y el noreste de México, comentaron que los migrantes expresaron la dificultad de cruzar el territorio mexicano. Dicen que es más difícil cruzar México que la selva del Darién (Panamá).