El Cardenal Norberto Rivera Carrera y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron una relación de respeto, amable y se podría decir que hasta llegaron a ser amigos; pero en los últimos seis años, el presidente de la República tuvo una relación distante, de respeto, a veces fría y de confrontación con la Iglesia Católica y con los obispos.

Con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la jerarquía católica espera que la relación sea de respeto y colaboración en causas como trabajar para la paz y reconciliación, atención a víctimas de la violencia, los migrantes, respeto a derechos humanos con grupos vulnerables; saben que en el tema de educación y en la política pública a favor del aborto habrá desencuentro.

A los obispos mexicanos poco importó las creencias personales de López Obrador, todos saben que es cristiano y masón; más les importó que hubiera una política pública de colaboración entre la Iglesia y el gobierno, una política en favor de la justicia, combate a la violencia generada por el crimen organizado, pero sobre todo un cambio de estrategia en materia de seguridad efectiva y no propaganda y frases de ocurrencia como la de “abrazos no balazos”.

El presidente saliente se reunió una docena de veces con los obispos, sus secretarios de Gobernación Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López fueron amables, empáticos y escucharon las propuestas de la Conferencia Episcopal Mexicana que preside el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera. Pero esos encuentros y buena relación personal no se transformaron en acciones comunes para distensionar al país de la violencia, los muertos y el crimen organizado.

Durante el sexenio que está por concluir, la relación fue tensa, muy tensa, entre obispos y gobierno. Cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes, fueron motivo de demandas judiciales e incluso acoso personal por funcionarios del gobierno federal y estatales por declaraciones relacionadas con procesos electorales, denuncias por complicidad de funcionarios con el crimen organizado y cuestionamiento a la falta de una política de Estado en materia de seguridad.

Hay muchos botones de muestra que evidencian lo anterior: denuncias contra el cardenal Juan Sandoval, juicios penales del cardenal y arzobispo Carlos Aguiar, Mario Ángel Flores y una campaña de infamia y mentiras, orquestada desde la 4T, contra el obispo emérito de Chilpancingo don Salvador Rangel.

El cuestionamiento, por parte de los obispos, los jesuitas, los religiosos y religiosas de México, universidades privadas y organismos de la sociedad civil que trabajan en favor de la paz y reconciliación, fue sin duda el evento organizado en Puebla, donde además de propuestas, hubo una fuerte denuncia en contra de la política en materia de seguridad del presidente de la República. Cerca de 1200 personas de todos los credos religiosos y colores políticos hicieron varias propuestas que aterrizaron en las reuniones con los candidatos de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez y de Morena, Claudia Sheinbaum.

Muchos miembros de la jerarquía católica creen que el de López Obrador no sólo es un sexenio perdido en materia de colaboración Iglesia-Estado, es sólo una muestra de lo desarticulado del diálogo y la colaboración entre el gobierno de la autonombrada 4T con las organizaciones de la sociedad civil. El ejecutivo federal “ni los vio, ni los escuchó”.

Claudia Sheinbaum recibe una relación respecto a los obispos dañada, deteriorada y menospreciada de cara a retos como la inseguridad, acompañamiento a víctimas y atención a migrantes.