La libertad de circulación, también enunciada como libertad de movimiento, es un concepto de los derechos humanos, por el cual toda persona tiene derecho a moverse libremente, ya sea dentro de un país o de un país a otro. Está reconocido parcialmente en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual un ciudadano de un Estado tiene la libertad de viajar, moverse pues, y residir en cualquier parte del Estado en el que a uno le plazca dentro de los límites de respeto a la libertad y los derechos de los demás. Sin embargo, lamentablemente en la Ciudad de México (CDMX) esto no es así. Los capitalinos vivimos a diario el atropello de nuestros derechos de libre circulación por parte de organizaciones o grupos que protestan en contra del Gobierno Federal, sin que las “autoridades” hagan algo para impedir el estrangulamiento de las principales vialidades, afectando incluso servicios de emergencia o el acceso a hospitales, terminales e incluso al aeropuerto.
En el último año de la administración de la cuarta deformación se registraron mil 806 bloqueos, 2.3 cierres de calles y avenidas por manifestaciones, plantones y protestas de diferentes grupos sociales en reclamo a la falta de atención gubernamental distintas demandas. De acuerdo con el Informe de Gobierno, estas movilizaciones se desarrollaron principalmente en la Ciudad de México y la zona metropolitana, sin embargo, también generaron afectaciones en la red carretera federal y en otras entidades.
Ante la molestia de automovilistas y transeúntes, los disidentes, explican:“ queremos que el gobierno nos escuche y sepa que no es un capricho salir a movilizarnos a las calles. Para nosotros también es muy duro dormir en la calle, marchar con calor, con sed, pero es una lucha justa. Sólo pedimos que respeten nuestros derechos”. Mientras que el hartazgo ciudadano a los bloqueos exige ya mayor atención de la autoridad para atender de manera inmediata a los manifestantes y disminuir el deterioro a los derechos ciudadanos de libre circulación. “Su derecho de manifestarse termina donde empieza el derecho del ciudadano a trasladarse a sus actividades”.
Cuántas personas tienen que ir a consultas médicas, doctores o pacientes; servicios de emergencia, choferes de ambulancias, bomberos, policías, trabajadores de servicios públicos; citas laborales, de negocios, a la escuela, ¿directivos, profesores, padres de familia…Y las niñas o los niños que se quedan sin clases? Ya que tenemos que sufrir la falta de alternativas viales para desplazarnos, simple y sencillamente porque la autoridad competente no realiza su trabajo y, conste, no pido autoritarismo, lo que exigimos los capitalinos es que las autoridades dialoguen con los grupos u organizaciones de manifestantes y cuiden que el derecho a la manifestación no trasgreda los derechos que tenemos para circular y evitar así, enfrentamientos, broncas o cualquier costo que genera el estrangulamiento de vías estratégicas. Que el gobierno resuelva sus demandas sin afectar a terceros.
