Voluntad política y participación ciudadana han sido clave en los últimos cinco años para enfrentar la corrupción policial y registrar avances.
Dos datos resultan ilustrativos: 1) una disminución de 73 por ciento en los reportes por corrupción atendidos en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y 2) la mejoría de seis puntos porcentuales en la percepción ciudadana sobre la policía capitalina.
Son progresos ante un problema históricamente arraigado y alimentado por la falta de disposición de los gobiernos priistas de las décadas del 70 al 90.
El paso de Arturo Durazo Moreno, conocido como El Negro, como jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal, entre 1976 y 1982, es uno de los casos emblemáticos desatendidos desde la administración central.
Bajo su mando —al cual llegó por su amistad desde la infancia con el Presidente José López Portillo—, la corporación se convirtió en una organización profundamente corrupta. Extorsión, sobornos, abusos y tortura fueron características del accionar policial.
Durazo acumuló una vasta fortuna personal. Una de las construcciones más ostentosas y simbólicas de su corrupción fue la edificación de la residencia conocida como "El Partenón de Zihuatanejo", con fondos obtenidos ilícitamente.
Fueron años en los cuales se hablaba de una hermandad entre mandos policiales para cubrirse las espaldas. El “entre”, “favores” y cuotas eran factor de desarrollo; se pagaba por tener acceso a una patrulla, un arma de cargo o un chaleco antibalas. El costo era trasladado a la ciudadanía en forma de "mordidas”.
A mediados de 2019, la entonces Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum —ahora Presidenta electa de la República— tomó una decisión central contra la corrupción al impulsar la creación, desde el Consejo Ciudadano, de las Comisiones Ciudadanas contra la Corrupción Policial y la Violencia a las Mujeres Policías.
Este es un modelo único en el mundo, donde ciudadanía y autoridades analizan los reportes atendidos desde la Línea de Seguridad o el Chat de Confianza, 55 5533 5533, y detonan recomendaciones relacionadas con policías de la capital nacional, la PDI, ministerios públicos o jueces.
Hay interés político —como el evidenciado por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, en el apoyo a la estrategia diseñada en julio de 2019, o el de la mandataria electa, Clara Brugada, por profundizar esa coordinación— y ciudadano por erradicar la corrupción.
La historia nos recuerda lo negro de este problema, frente al cual la verdadera hermandad es de la ciudadanía y las instituciones.
Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres