Uno de los pilares del programa de gobierno de Claudia Sheinbaum es la “Estrategia Nacional de Relocalización”; su instrumentación busca generar “prosperidad compartida”. Es evidente que el nearshoring ofrece importantes posibilidades por nuestra situación geográfica y la existencia de marcos institucionales como el T-MEC.
Ella anunció la construcción de 100 parques industriales que, en conjunto con la instalación de nuevas plantas productivas propiciarán mayor crecimiento y oportunidades, así como una presión a los sistemas de carreteras y otras infraestructuras.
Históricamente, hemos invertido, esta situación podría explicarse por la necesidad de direccionar, cada año, una parte significativa del PEF a programas sociales y a la insuficiencia de recursos para solventar la demanda por más infraestructura, situación que se presenta prácticamente en todo el mundo.
La necesaria profundización de dichos programas para seguir combatiendo con éxito la pobreza, además de la importancia de brindar condiciones para aprovechar el fenómeno de la relocalización, presentan un contexto que el Estado difícilmente podrá atender a plenitud, sólo con sus capacidades
Sin infraestructura suficiente se limitará el interés de las empresas extranjeras por instalarse en México; el Índice Global de Competitividad del WEF nos pone en el lugar 49 en calidad de la infraestructura carretera y el Índice de Desempeño Logístico del BM nos ubica en el 63. McKinsey & Co. estima que México podría duplicar la IED hacia 2032 gracias al nearshoring, pero este escenario podrá materializarse con la inyección, en el mismo período, de 400 mil millones de dólares en infraestructura.
En el caso del subsector carretero, en la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) creemos que su desarrollo dependerá, en buena medida, de la instrumentación de esquemas de inversión que articulen y alineen los objetivos y necesidades del gobierno, operadores de vías y bancos e inversionistas institucionales.
La presidenta electa ha sido enfática en señalar que la infraestructura carretera será su prioridad. Es entonces que, desde nuestra óptica, la inversión privada deberá ser un importante complemento de la pública, lo que permitirá incrementar y modernizar la Red Nacional Carretera con un enfoque de inclusión.
Los mecanismos para hacerlo existen en la Ley y han sido ampliamente usados. Un ejemplo es el programa de “Ampliación de Objeto de los Títulos de Concesión” instrumentado en la administración del presidente López Obrador.
Mediante este esquema, la SICT ha obtenido cerca de 150 mil mdp en recursos extraordinarios no presupuestales, los cuales se canalizaron a la construcción de nuevas carreteras y al mantenimiento de la red libre de peaje.
La administración de la presidenta Sheinbaum encontrará en las empresas asociadas a la AMCIV verdaderos aliados en la construcción y operación de vías de comunicación más seguras y eficientes, capaces de brindar las condiciones de conectividad necesarias para obtener el máximo provecho de la relocalización. Seguiremos invirtiendo en nuestro país y generando empleos de calidad en favor de un México con más bienestar; crear prosperidad es tarea de todos.
Opinión por Marco Frias, director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial A.C.