Los empresarios y políticos en México tienen pase directo de impunidad. El poder les ha dado la concesión de ser omisos, asociarse en sus asuntos con cuello blanco y seguir recibiendo contratos o matar, violar, maltratar y robarse hijos con ayuda del aparato estatal. Así lo han demostrado los feminicidios de Ariadna, Debanhi, Lesvy, madres buscadoras de Guanajuato y otras víctimas antes de la voluntad política de Claudia Sheinbaum, la Fiscalía de la CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Es desolador tener el pobre consuelo de morir en tiempos de Sheinbaum, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch con la única esperanza de que, a diferencia de tantas que fueron asesinadas antes, si las mujeres son víctimas en este periodo del poder, al menos no habrá impunidad. Es desolador tener que aguardar, como familias en luto, la voluntad política de autoridades que parecen haberse tomado en serio la violencia machista. Es desolador enfrentar en medios de comunicación y oficinas públicas las estrategias corruptas de fiscalías encubridoras que dilatan procesos, revictimizan y culpan a las asesinadas de lo que sus agresores hicieron, insistiendo en su inocencia y su libertad.

Al día de hoy, autoridades del estado de Morelos han intentado desmentir a la Jefa de Gobierno asegurando que Ariadna Fernanda había muerto a causa de una broncoaspiración por estado etílico. El propio fiscal envió pornografía por WhatsApp a Ernestina Godoy. La maestra Sayuri Herrera Román, ha demostrado “científica” y “jurídicamente” como la segunda necropsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX, revela golpes, forcejeo, intento de defensa y un innegable feminicidio.

Sin embargo, el mínimo error podría darle al empresario, adicto sexual de mujeres que trabajan como meseras por necesidad en lugares como Sixtie’s, Zar empresarial de la inseguridad nocturna, una salida por vicios procesales.

La Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio se juega demasiado en el caso de Rautel ‘N’, el cual no puede recibir impunidad y cuyas empresas tendrían que ser igualmente investigadas.

Sin embargo, Uriel Carmona no es el único. Pareciera que algunos fiscales olvidaron la abogacía y prostituyeron la justicia para hacerse socios de algunos delincuentes. ¿Qué dividendos son los que defiende el fiscal de Morelos? ¿Qué interés o negocio puede sobreponerse a la contundencia y profesionalismo con que la Fiscalía de la Ciudad de México ha demostrado que la muerte de Ariadna fue un feminicidio? ¿Por qué tiene tanta arrogancia y protección por el Congreso de aquel estado si el simple hecho de que Ariadna haya sido abandonada bajo un puente es suficiente para investigar un feminicidio según el Código Penal? ¿Por qué con todo y la petición del Gobernador de Morelos, continúa en el cargo?

El caso de Ariadna Fernanda ha dejado desnuda una realidad que se ha denunciado insistentemente desde el feminismo, buscadoras y familiares de víctimas: las fiscalías mienten por cálculo político y dinero. ¿Rautel “N” estaría vinculado también al negocio de la trata de personas? ¿Sus empresas de seguridad y servicio de cadeneros para antros tienen relación con la cantidad de mujeres que drogan y se llevan de fiestas o antros?

Algunos “procuradores de justicia” no buscan verdades, trafican intereses y el caso de Ariadna supera una simpatía personal por Rautel “N”. Así como en el feminicidio de Debanhi, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero omitió la siembra de su cuerpo en una cisterna simplemente por “torpeza”.

Entre el dolo y la omisión parecería qué hay una falta de sentido común mañosa, que sistemáticamente beneficia a ciertos feminicidas: los que están detrás de muertes de mujeres jóvenes en contextos de salidas nocturnas que les permite crear narrativas de culpabilidad en contra de las mujeres por razones distintas, desde haber tomado hasta haber confiado en “amigas”.

La complicidad de otras mujeres resulta ser muy conveniente a los detractores del feminismo que han insistido, también desde el poder, en desvirtuar las exigencias de protección argumentando qué hay mujeres matando a otras mujeres. Casi les da gusto alimentar ese morbo en la crítica social, pretendiendo descargar la culpa feminicida de agresores en las posibles mujeres cómplices que probablemente, se han mantenido cerca de aquellos mismos agresores en razón de no vivir toda la magnitud de su violencia.

Nada explica tanto el descontento rabioso de las mujeres como el hecho de que, en México, la licencia para delinquir esté incluida en el paquete de privilegios corruptos. Los perpetradores de impunidad contra las mujeres que encabezan el país son los fiscales de Guanajuato, Morelos, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Un tufo de complicidad que apenas logra esconderse en los asuntos mediáticos y en la ola generalizada de violencia.

La principal señal del fracaso en el sistema está en que morir dependa de la voluntad de los que se encuentran cerca, que la justicia dependa del lugar donde se haya fallecido y de las personas a cargo de tomar las decisiones de investigar. ¿Estaríarelacionado Rautel “N”, empresario de agencias que colocan cadeneros de seguridad y equipos de tecnología en antros, ¿con el feminicidio de Debanhi Escobar? ¿Qué tipo de vínculos tiene la fiscalía de Nuevo León que brindó confianza para que Rautel se entregara? ¿Qué oculta, a su vez, el fiscal de Morelos para defender lo indefendible?¿Cómo se relaciona la capital de la trata en la capital con Rautel “N”, la Cuauhtémoc, ¿con su alcaldesa -y posible socia- Sandra Cuevas? ¿Qué línea de investigación mantiene la Fiscalía en relación a los restaurantes y antros a los que Rautel “N” prestaba servicios? No existen las casualidades.

La autora es abogada y activista

@FridaFerminita